Así se han expresado un día después de que trascendiese que en 2019, según una investigación de El País y The Guardian, los móviles de Torrent y Maragall fueron atacados con Pegasus, un programa espía impulsado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen.
Torrent y Maragall han pedido al Gobierno español que investigue «a fondo» quién ordenó que fuesen espiados entre abril y mayo de 2019, aprovechando una vulnerabilidad de la aplicación WhatsApp.
Ambos ven muy relevante que la compañía NSO haya confirmado que el Estado español compró los derechos para utilizar Pegasus en 2015, y Maragall ha señalado: «Todos recordamos las escenas y las consecuencias del escándalo Watergate en Estados Unidos, que también era un caso de espionaje político».
«Yo creo, sin embargo, que esto es mucho más grave, porque aquello era una anécdota en el contexto de un proceso electoral, mientras que esto es un ataque sistémico contra las instituciones de un país y contra un proyecto político», ha añadido.
Según Maragall, «el ‘Catalangate’ explica lo que es hoy en día el Estado español y hasta qué punto estamos obligados -ha dicho-, no sólo a proseguir con nuestra aspiración a la libertad, sino también a ganarla».
Torrent ha pedido «depurar responsabilidades» y ha señalado que el Watergate «enseñó que esto de que determinados aparatos del Estado aprovechen los instrumentos que tiene el propio Estado para cometer ilegalidades no es nuevo ni exclusivo del Estado español».
«Pero lo que diferencia una democracia de la otra -ha subrayado- es cómo se reacciona ante esto, ya que en Estados Unidos dimitió un presidente (Richard Nixon), y por tanto la pregunta que tenemos que hacer ahora es qué pasará en España, cómo responderá la democracia española, porque esto determinará su calidad definitivamente».
El presidente del Parlament ha denunciado una «guerra sucia» contra el independentismo: «Ya intuíamos que se producía, pero ahora tenemos pruebas que corroboran aquello que sospechábamos».
Antes, desde RAC 1, Torrent ha dicho tener constancia de que el Estado español es cliente del software Pegasus desde el año 2015.
Torrent ha dicho que piensa emprender acciones judiciales y políticas, aunque tratará de coordinarse con otros dirigentes en su misma situación, como la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, o el propio Ernest Maragall.
En el ámbito político, ha anunciado que ERC no sólo pedirá explicaciones al Ministerio del Interior, sino también al de Defensa, puesto que el CNI depende de este último, por lo que enviará una carta a la ministra Margarita Robles para pedirle que «llegue hasta el final en la investigación».
«Normalmente», ha dicho, quien utiliza Pegasus son «los servicios de inteligencia de un Estado, por lo que en el caso español es el CNI».
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha calificado de «graves» las noticias relativas a un supuesto espionaje, aunque ha añadido que hay que esperar a la correspondiente investigación.
En declaraciones a TVE ha recalcado: «Confío plenamente en que desde el Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay una garantía absoluta del secreto de las comunicaciones».
Por su parte, la líder de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha considerado «intolerable desde el punto de vista democrático» este presunto espionaje y ha señalado que, si las «cloacas del Estado» estuviesen implicadas en él, el caso debería estudiarse en la comisión de investigación que impulsa Unidas Podemos en el Congreso.
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