En un auto, el juez acusa a los miembros de la familia Pujol Ferrusola de formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades relacionadas con la corrupción.
En un auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento), el juez considera acreditado que los Pujol Ferrusola aprovecharon su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, «para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
Y subraya que parte de esas actividades coincidieron cuando Pujol ostentaba la Presidencia de la Generalitat (1980-2003) al tiempo que ejercía el liderazgo de la organización criminal junto a su mujer.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les procesa por organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
No duda de la organización criminal, porque destaca que reúne todos los requisitos con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.
A lo largo de las 509 páginas del escrito, el magistrado detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y que les reportaron cantidades multimillonarias sin razón alguna, porque la finalidad no era otra que «obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas».
De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol y Marta Ferrusola quien, de hecho, detalla, se autodenominaba la «madre superiora de la congregación». Por debajo, Jordi Pujol Ferrusola, denominado «el capellán de la parroquia», cuyas instrucciones seguían a su vez el resto de los hermanos. Él era el responsable de la recepción y distribución de dinero, según el juez.
De hecho, el primogénito ha admitido que todas las operaciones en las cuentas de Andorra y buena parte de los «negocios» en que invirtió durante años estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia.
También tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas de los miembros de la familia,
Otras personas, además, colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fingiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.
La procedencia del patrimonio, señala el juez, deriva de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como alega la familia, de una herencia procedente del abuelo Florenci Pujol.
«A lo largo de la investigación no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia», precisa.
Paradójicamente, explica De la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido.
Respecto al origen de los fondos, el juez lo sitúa en pagos ilícitos de terceras personas, en su mayor parte vinculadas con empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia disimulados bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales.
Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, «cuya existencia real no ha quedado acreditada», señala, sino más bien lo contrario, la inexistencia del supuesto negocio.
A cambio de estos contratos simulados, la familia Pujol Ferrusola les correspondía con «favores políticos» en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística y concesiones en toda Cataluña.
Y a aquellos contratos de intermediación que sí se engranaban en operaciones económicas reales, se les agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola, añade el auto.
Para el juez, todos estos actos se hicieron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero que se hacía llegar a la familia directamente en «negro», en metálico.
De todo esto, De la Mata subraya la estrategia defensiva de los investigados en el sentido de negar todos ellos conocer detalles incluso sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron entre todos, «de modo que la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy».
Al margen de la familia Pujol Ferrusola al completo, procede contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso y Carlos Sumarroca. En cambio, archiva la causa para Ramón Gironés, Ana Vidal y Amelia Barrigón. EFE
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