El juez del caso Villarejo ha aplazado sin fecha la declaración del ex número 2 de Interior con el PP Francisco Martínez como investigado en la pieza Kitchen, en la que se investiga el supuesto espionaje desde Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, que estaba prevista para este lunes.
Fuentes jurídicas han informado del aplazamiento de la comparecencia de Martínez, que había sido citado por segunda vez por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón después de que el pasado 24 de enero se acogiera a su derecho a no declarar alegando el secreto de la pieza, que se ha alzado en parte recientemente.
Es la misma razón que alega la defensa de Martínez al juez para solicitar la suspensión de la declaración prevista para este lunes día 20 sin perjuicio, señala el escrito, «de su disposición a declarar cuantas veces sea llamado una vez puede tener conocimiento de lo actuado».
A raíz de conocerse su imputación, el ex número 2 de Interior durante el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz emitió un comunicado en el que pedía respeto a la presunción de inocencia y aseguraba que siempre trabajó con «respeto a la ley».
En una providencia del 26 de junio, el juez acordó levantar parte del secreto de esta pieza en relación a una serie de documentos, entre ellos el acuerdo del Consejo de Ministros que acordaba desclasificar la información reclamada por la Audiencia Nacional o la respuesta de Interior a la documentación demandada sobre la operación Kitchen.
Respuesta que la Secretaría de Estado de Seguridad dio a la Unidad de Asuntos Internos el 15 de noviembre de 2019 a través de un oficio en el que indicaba que «no consta ninguna» documentación «correspondiente o que haga referencia a una operación policial denominada Kitchen, Cocinero, Cocina o K».
El anterior magistrado instructor, Diego de Egea, pidió a Interior la desclasificación de los detalles del operativo y las identidades de quienes hubiesen participado en él para «acreditar la presunta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos prevaricación y otros».
Lo hizo en una exposición razonada, de noviembre de 2018, en la que desvelaba el hallazgo de diversos archivos de audio «que vendrían a demostrar que dicho operativo excedería del marco legalmente previsto y que se dirigía sin habilitación legal o con exceso manifiesto de la que inicialmente podría haber tenido» a localizar documentos y archivos «que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del Partido Popular».
La imputación de Martínez se produjo después de que el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, EL Gordo, imputado como presunto colaborador de Villarejo en sus negocios de espionaje, le implicara en estos hechos.
En un principio, García Castaño admitió haber participado en esa operación por orden del también imputado Eugenio Pino, ex número 2 de la Policía, si bien defendió su legalidad y la redujo a un mero dispositivo para vigilar a Bárcenas tras conocerse en 2013 su fortuna en Suiza.
Más adelante optó por colaborar y en sus siguientes comparecencias confesó que entregó un pendrive a Martínez, que, entre otros datos, contenía el clonado de móviles sustraídos a Bárcenas.
Lo obtuvo, explicó, con la colaboración del chófer del ex-tesorero Sergio Ríos, también imputado en esta causa y que según la investigación cobró 48.000 euros de fondos reservados por actuar como confidente policial espiando a Bárcenas.
Unos datos que supuestamente fueron volcados en un ordenador portátil adquirido por el Ministerio de Interior con fondos reservados y que fue hallado en la Comisaría General de Información, por lo que el juez ordenó el análisis de sus archivos para comprobar su contenido.
Al trascender lo declarado por García Castaño, Francisco Martínez negó que éste le entregara el citado pendrive y sostuvo que las afirmaciones del ex-comisario eran falsas.
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