En un comunicado difundido este miércoles bajo el título «Siete años de gobiernos negándonos la verdad», este colectivo dice que ha habido cuatro gobiernos y cuatro ministros de Fomento distintos «y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la UE»», y añade que «ni tan si quiera en el juzgado, ya que la Xunta impuso en su día a dos de los tres peritos judiciales sin experiencia en la materia».
«No lo han hecho ni los gobiernos del PP, ni del PSOE, ni el de éste último en coalición con Unidas Podemos, pese al apoyo mostrado inicialmente y el posterior silencio -ya en el Gobierno- del vicepresidente Pablo Iglesias», se indica en la nota.
Recuerda la Plataforma que en un informe de 2016, las autoridades europeas concluyeron «que el Gobierno no cumplió con la obligación de investigar la tragedia, poniendo de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) al no analizar las causas raíz, precisamente las que afectan a Fomento, Renfe y Adif».
Acerca de las responsabilidades penales, indican que «el juez, con el apoyo del fiscal, mantiene imputando al exdirector de Seguridad del ADIF el señor Cortabitarte, y al maquinista, el señor Garzón, por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. Pensamos que además existe responsabilidad penal por parte de Renfe, ya que tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva y no actuó en consecuencia».
Respecto a las responsabilidades políticas, la Plataforma de víctimas del Alvia consideran que la comisión parlamentaria «se cerró en falso, sin conclusiones y no permitiéndonos comparecer en último lugar».
Creen los integrantes de este colectivo que también se deben tener en cuenta «informaciones relevantes», entre otras, que «un mecánico denuncia que directivos de Talgo le obligaron a borrar las averías del Alvia de Angrois inmediatamente después de la tragedia».
Igualmente, añaden que el Adif «gastó 14.900 euros en asesorar a sus comparecientes, lo que explica que no dieran respuesta a preguntas sencillas. ¿Trató Adif de manipular la Comisión? Algo que sería grave», destacan.
Por último, consideran la necesidad de tener también en cuenta «los procedimientos de infracción que la UE mantiene abiertos a España por incumplimiento de la normativa europea de seguridad ferroviaria».
El accidente de este tren que causó 80 muertos se produjo el 24 de julio de 2013, en la víspera del Día de Galicia, en la curva de A Grandeira, a la altura el barrio compostelano de Angrois.
Estrella Digital