No obstante, el tribunal ha condenado a uno de los hermanos, Carlos M.M., a un año y tres meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, así como a otros tres años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 5.000 euros por un delito contra la salud pública.
La sentencia, que puede ser recurrida, recoge la ausencia de medios de prueba suficientes para condenar por el delito de extorsión, ya que la víctima no compareció en el juicio celebrado el pasado 14 de julio y su declaración sumarial «no reviste valor probatorio de cargo en cuanto se practicó sin intervención de la defensa de los acusados».
El perjudicado denunció en diciembre de 2017 en una comisaría de Policía que los tres hermanos de Anglés y otro individuo le habían obligado, amenazándole con una pistola y una jeringuilla supuestamente infectada con el virus del SIDA, a ceder ante notario a Carlos M.M. sus participaciones en una empresa que explotaba una estación de servicio, de la que ambos eran socios.
Sin embargo, la Sala considera «inverosímil» esa narración y recuerda que no existe en las actuaciones la escritura de cesión de participaciones que supuestamente habría motivado la extorsión, según informa este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
A ello se suma la renuncia expresa a ejercer cualquier acción civil o penal contra los denunciados que la propia víctima presentó en el juzgado instructor, en la que manifestaba haber llegado a un acuerdo con la parte contraria.
Los magistrados sí han condenado a Carlos M.M. por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, después de que la Policía se incautase en el registro de su domicilio de una pistola semiautomática y de distintas cantidades de hachís, heroína y cocaína que iba a destinar a la venta a terceros.
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