Al parecer, hacían pasar doradas y lubinas, de procedencia turca, por pescado español y modificaban la fecha de su captura para dotarlas de una caducidad superior, según un comunicado del instituto armado.
Los tres sospechosos y la mercantil están investigados por los delitos contra la salud pública, de falsedad documental y contra el mercado y los consumidores.
La intervención, que se enmarca dentro de la investigación a nivel europeo que el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) del instituto armado lleva a cabo en relación con el fraude alimentario, ha sido realizada por patrullas de Alicante y de Monóvar, con la colaboración del Inspector de Pesca Marítima de la Generalitat,
Los agentes inspeccionaron las instalaciones de una empresa dedicada al engorde, importación y comercialización de productos pesqueros, ubicada en la zona sur de la provincia de Alicante.
En ella se constató que envasaban doradas y lubinas, provenientes de la acuicultura local, cuyo destino final era la venta al consumidor a través de varias cadenas de alimentación.
También importaban las mismas especies desde Turquía. Sin embargo, según la nota de prensa de la Benemérita, estos especímenes eran reenvasados y reetiquetados, modificando su origen, del turco al español, y cambiando la fecha de captura para darle más amplitud a la fecha de caducidad.
Posteriormente se pudo verificar ‘in situ’ que el producto había llegado a los establecimientos de venta al público bajo estas condiciones irregulares. Los pescados en venta de los mostradores y neveras tenían un color de agallas o de ojos que no se correspondía con la frescura indicada en las etiquetas.
Debido al considerado riesgo que suponía el consumo de estos productos, avalado por los informes de los inspectores de seguridad alimentaria, la Guardia Civil procedió a la inmovilización inmediata, retirada del mercado y destrucción de cerca de doce toneladas de productos pesqueros re-envasados, localizados en una nave y en tres supermercados.
Los presuntos autores de este supuesto fraude alimentario -tres hombres españoles y una empresa- han sido investigados por un delito contra la salud pública, otro de falsedad documental y una tercero contra el mercado y los consumidores.
Ahora, la labor del Seprona continúa para determinar cuánto tiempo podría llevar la mercantil realizando esta actividad ilícita y, por consiguiente, cuántos productos se han podido poner a la venta en el mercado
AM