Fuentes fiscales han informado a efe de que el ministerio público está pendiente de recibir la notificación de la Agencia Tributaria que determine si la deuda del rey emérito estaría saldada.
De ser así y no detectar ninguna infracción administrativa, previsiblemente tampoco habría una penal, de modo que el caso estaría abocado al archivo, explican las fuentes.
Pero antes de tomar ninguna decisión, el equipo de fiscales del Tribunal Supremo al frente de la investigación debe tener encima de su mesa los documentos de Hacienda. Tras estudiarlos en profundidad, se actuará en consecuencia, precisan las fuentes.
En un escueto comunicado, la defensa del rey emérito anunciaba ayer por la tarde la presentación de una declaración voluntaria para saldar una deuda con Hacienda de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos.
Se adelantaba de esta forma a un eventual requerimiento de la Agencia Tributaria o a la presentación de una querella por la Fiscalía, que hasta el momento se encontraba investigando el alcance penal de la situación. Es decir, evitaba la presentación de acciones por presunto fraude fiscal.
El artículo 305.4 del Código Penal castiga el fraude a Hacienda cuando el importe exceda de 120.000 euros con una pena de prisión de uno a cinco años, pero establece una excepción: «salvo que hubiere regularizado su situación tributaria».
Ésta se entenderá regularizada cuando se haya procedido al «completo reconocimiento y pago de la deuda» antes de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones, de que la Fiscalía, la Abogacía del Estado o el representante de la Administración «interponga querella o denuncia» o de que el ministerio fiscal o el juez «realicen actuaciones» que le permitan conocer la iniciación de diligencias.
A falta de saber qué ficha mueve el ministerio público, el rey emérito tiene abiertas otras dos investigaciones en la Fiscalía: una sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí), y otra muy reciente incoada tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
El fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, que se perfila como número dos de la fiscal general, Dolores Delgado, es el encargado de dirigir las tres líneas de investigación junto con su equipo y, en el caso de dos de ellas, también con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
En las próximas semanas la Fiscalía prevé presentar su informe en relación a la primera investigación, la de la supuesta cuenta en Suiza, donde debe determinar si el monarca estaba protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución o si los hechos transcendieron más allá de 2014, cuando el monarca perdió esa garantía con su abdicación.
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M.M.