Durante la investigación, la mayor contra las mafias del este de Europa realizada en nuestro país en los últimos 10 años, los agentes llevaron a cabo 18 registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, donde se intervinieron armas de fuego -entre ellas cuatro de guerra-, 300.000 euros en efectivo, diamantes, monederos virtuales con criptomonedas, cajas de seguridad en bancos y 16 vehículos de lujo.
La organización planeaba controlar sectores clave de la economía española y contaba para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos, ha informado la Dirección General de la Policía en una nota.
Los detenidos recurrían al cohecho y al tráfico de influencias, tanto para facilitar sus operaciones de blanqueo sorteando obstáculos legales y logrando favores administrativos, como para protegerse de investigaciones policiales y judiciales, facilitando asimismo la adquisición de la residencia española a todos los clientes de la red desmantelada.
Mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias.
Uno de los principales investigados realizaba actividades filantrópicas en diversas instituciones públicas para poder acercarse a ellas y, una vez conseguida su confianza, poder hacer uso de las mismas en beneficio de la red.
La investigación, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, comenzó en 2013, cuando los agentes detectaron que se estaba utilizando España como punto de entrada para el blanqueo de capitales de organizaciones criminales de la extinta Unión Soviética.
La organización no solo realizaba actividades de blanqueo de capitales, sino que cometía delitos conexos y estaba profundamente enraizada en la sociedad española, por lo que la investigación policial ha sido desarrollada con la máxima reserva por el peligro de filtraciones.
Los investigados invertían los beneficios de sus actividades criminales en diversos negocios, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa, a través de empresarios rusos vinculados con la organización de Ladrones en Ley y con los Sindicatos del Crimen rusos.
Por ejemplo, proyectaron la compra de una de las principales discotecas de Ibiza con el propósito de apoderarse del sector del ocio nocturno y la restauración, tanto en la costa levantina como en Baleares.
Además, utilizaban «ingentes» cantidades de dinero para intentar corromper funcionarios y políticos en sectores estratégicos.
El pasado lunes, por orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada con la autorización del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm, se llevaron a cabo 18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, consiguiendo arrestar a 23 miembros, entre ellos a los máximos responsables de la organización. EFE
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M.M.