Según informan a efe fuentes fiscales, el que es uno de los principales proyectos del Ministerio de Igualdad ha recabado el aval de todos los vocales del órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, cuyo informe es preceptivo, pero no vinculante.
Tras revisar el texto, el Consejo ha apoyado dejar atrás las diferencias entre el abuso sexual y la violación, acabando con el primero; así como la necesidad de que el consentimiento sea expreso.
Pero en este punto proponen aclarar la redacción de la ley y eliminar la doble negación del anteproyecto cuando dispone que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos» la voluntad de la persona a participar en el acto.
El Consejo Fiscal apuesta por una afirmación que clarifique el texto, de manera que se establezca que «sólo se entenderá que existe convencimiento cuando la víctima manifieste libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos» esa necesaria voluntad.
Según las fuentes consultadas, el Consejo también ha sugerido clarificar y depurar la redacción de varios aspectos relacionados con los delitos relativos a la explotación sexual, y ha propuesto la posibilidad de que se valore la elaboración de una ley integral para la protección a las víctimas de explotación sexual que aborde este asunto de manera más amplia.
Además, han propuesto como circunstancia agravante para este delito que la víctima esté embarazada.
El Consejo también ha manifestado alguna apreciación en torno a algunas penas recogidas en el texto en busca de una mayor proporcionalidad, añaden las fuentes.
El Gobierno aprobó el pasado 3 de marzo el anteproyecto de esta ley que modificará el Código Penal para introducir un sistema de penas diferente para los delitos sexuales, basado en el consentimiento, con castigos de hasta 15 años para los casos más graves de violación y la introducción del delito de acoso ocasional sexista leve, conocido como «callejero».
Según la norma, la violencia sexual se considerará violencia machista. Esto es, los delitos sexuales, la trata con fines de explotación sexual, el matrimonio forzado y mutilación genital femenina serán violencia machista junto a la violencia de género.
En línea con lo que exige el Convenio Estambul -y reclama el movimiento feminista-, el consentimiento es lo que determinará si se ha cometido una agresión sexual, es decir, solo sí es sí. EFE
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M.M.