Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha acordado abrir diligencias para investigar si la campaña impulsada por Vox puede constituir un delito de odio, dos días después de que el partido de extrema derecha haya entrado en el Parlament con 11 diputados.
La formación lanzó «Stop Islamización» a través de las redes sociales en vísperas de la campaña de las elecciones catalanas del 14F, durante la que han repetido mensajes para alertar del «peligro de la islamización» de las costumbres de España y de Europa.
De hecho, la campaña, que incluye vídeos que intercalan imágenes de los atentados terroristas del 17A con otras vinculadas a la comunidad musulmana, motivó que Twitter limitara temporalmente algunas de la funciones de la cuenta oficial de Vox, por lo que el partido anunció que se querellaría contra la red social.
Difundida a través de la etiqueta #stopislamofobia, la campaña relaciona a la inmigración musulmana con el terrorismo y la delincuencia, al señalarlos como responsables de más del 90 % de las denuncias que se presentan en España por hechos delictivos.
En uno de los actos electorales del 14F, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, y la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, llevaron sus mensajes para alertar de los «peligros de la islamización» a Ripoll (Girona), población donde residían los integrantes de la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017.
El pasado 3 de febrero, las tres federaciones de las comunidades islámicas de Cataluña -FIC (Federación Islámica de Cataluña), UCIDCAT (Unión de Comunidades Islámicas en España) y FCIC (Federación Consejo Islámico de Cataluña)- y la organización Musulmanes contra la Islamofobia llevaron la campaña de Vox ante la Fiscalía para que investigue si puede constituir un delito de odio y discriminación.
Precisamente, dos de los diputados electos de Vox en el Parlament, Joan Garriga y Mónica Lora, están a la espera de ser juzgados en Reus (Tarragona) por un delito de odio y discriminación a raíz de una campaña de Plataforma per Catalunya (PxC) -a la que pertenecían ambos políticos- en las elecciones municipales de 2011 en Reus.
En esa campaña, PxC buzoneó en Reus cheques ficticios de 4.000 euros a nombre de Mohamed Alcabre Samir, con un texto que acusaba al pacto por la inmigración de haber «repartido 4.000 millones de euros los dos últimos años entre los inmigrantes». EFE
M.M.