Por esta causa están procesados Pedro Luis N.A. como presunto inductor intelectual; Jesús M.B., como supuesto intermediario; y los ciudadanos argelinos Djillali B. y Maamar K., que están considerados en el procedimiento como presuntos sicarios.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha emitido un auto en el que hace un detallado relato de los escritos de calificación de la Fiscalía, la acusación particular que ejerce la familia del concejal asesinado y las cuatro defensas de los acusados.
Según las acusaciones, el concejal falleció el 16 de agosto de 2018 a causa de las lesiones provocadas por los presuntos sicarios, “siguiendo un plan preconcebido” conforme a las indicaciones recibidas de Pedro Luis N.A. y Jesús M.B.
La Fiscalía y la acusación particular recogen en sus escritos que Pedro Luis N.A. que era amigo del concejal, pidió a Jesús M.B. que buscase a personas que “pudiesen ejecutar el plan” al sospechar que su esposa mantenía una relación extramatrimonial con Ardines.
De esta forma, ambos se reunieron con Djillali B. que aceptó el encargo a cambio de dinero, recibiendo las instrucciones e informaciones oportunas por parte del presunto inductor y el intermediario y decidió actuar de forma conjunta con Maamar K.
Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, Djillali B. acordó con Maamar K. el reparto del dinero que Jesús M.B. le entregó una vez asesinado el concejal “en concepto del trabajo realizado”.
Para perpetrar el asesinato, los dos supuestos sicarios colocaron vallas metálicas de obra para obstaculizar el paso del vehículo de Ardines en las inmediaciones de su vivienda en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría y obligarle a bajarse de su vehículo.
“Para asegurarse de que no iban a fallar”, se armaron de esprays de pimienta, un palo y un bate de béisbol y, tras abordarle, le golpearon «repetidamente con gran ímpetu y fuerza” y ejerciendo compresión en el cuello “con mucha energía e intensidad”, lo que hizo que éste no pudiera ejercer “defensa eficaz alguna”.
El auto recoge igualmente las versiones de las defensas, que niegan cualquier participación en el delito de sus representados.
El crimen de Ardines exigió una compleja investigación que dio lugar a varias detenciones seis meses después del asesinato.
El 19 de febrero de 2019 fue detenido en su vivienda de Amorebieta (Vizcaya) el presunto inductor, así como al intermediario y a uno de los dos acusados de ejecutar el crimen, mientras que el otro supuesto sicario tuvo que ser extraditado posteriormente de Suiza, donde estaba cumpliendo condena por unos hechos delictivos posteriores.
El presidente del tribunal del jurado ha convocado para el próximo 18 de junio a todas las partes para participar en el acto de designación en audiencia pública de los candidatos a jurados. EFE
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A.M.