Fuentes jurídicas han informado a Efe de que los incidentes han sido planteados por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva además de los fugados en Bélgica Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, si bien es posible que en las próximas horas se sumen otros condenados por el 1-O que están en prisión.
Los incidentes se basan en una conferencia pronunciada en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017 por Gómez-Pumpido de la que recientemente informó Libertad Digital el pasado 3 de marzo, como así recoge uno de los escritos, al que ha tenido acceso Efe, que sostiene la demanda de los independentistas.
Aquel día dijo: «Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia (…). En resumen, me preocupa que se invoque la democracia -en concreto, la democracia directa para derrocar la Constitución».
Además señaló que «disponen por ello de la preeminencia, de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su comunidad, incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus fuerzas de seguridad (…) Unos instrumentos que pueden, en determinados casos, desviarse de su finalidad esencial».
Los líderes independentistas aseguran que «Gómez-Pumpido, en su intervención, se alineó plenamente con todas y cada una de las tesis del Ministerio Fiscal en su querella de 30 de octubre de 2017», con alusiones a la malversación, a un alzamiento y a los Mossos.
En base a ello, alegan que su intervención le «priva de cualquier apariencia de imparcialidad» para resolver los recursos de amparo en el Constitucional e invocan no solo el derecho a un juez imparcial sino también el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley porque su situación es «análoga» a la de otro magistrado del TC.
Al respecto, el escrito señala que este discurso fue pronunciado en «circunstancias semejantes» al del magistrado Antonio Narváez, quien recientemente decidió apartarse voluntariamente de participar en las resoluciones del proces en el tribunal de garantías tras una avalancha de recusaciones de todos los implicados en los hechos.
Es por ello que los condenados y procesados buscan repetir la misma jugada que contra Narvaez, por lo que en caso de que los incidentes de recusación se admitan a trámite se paralizarán nuevamente todos los procedimientos en los que interviene el magistrado mientras se resuelven las recusaciones.
Y eso implica, en caso de tramitarse, que la resolución de los recursos de amparo pendientes de resolver contra la sentencia del Supremo se dilate al menos un par de meses, que es el tiempo medio que se tardan en resolver los incidentes presentados.
Solo que en este caso, las recusaciones apuntan más alto porque Cándido Gómez-Pumpido, por su dilatada experiencia en asuntos de derecho penal, coordina al equipo de letrados que ha revisado hasta la fecha todos los recursos del procés durante la instrucción de la causa, una tarea en la que estuvo acompañado por otro penalista Antonio Narváez, hasta que este se apartó del procedimiento por esas mismas recusaciones que ahora se dirigen hacia Gómez-Pumpido. EFE
M.M.