La Policía y la Guardia Civil han desarticulado un «violento grupo criminal» dedicado al cobro de deudas, que estaba liderado por un empresario de la construcción vinculado al mundo del fitnes de Sevilla y que tenía como lugarteniente a un ultra de fútbol condenado por agredir a un aficionado rival.
En la operación se ha detenido a ocho personas en Almonte (Huelva), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y en las localidades sevillanas de Benacazón, Espartinas, Arahal y en Sevilla como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal, secuestro, lesiones graves, delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza.
Las investigaciones comenzaron cuando se alertó del posible secuestro de un hombre en Gelves (Sevilla), al observar cómo unos individuos introducían a otro a punta de pistola en el interior de un vehículo.
Estos hechos fueron denunciados posteriormente por la víctima, que aseguró que durante cuatro horas y media estuvo retenido en una finca de Benacazón, recibiendo todo tipo de amenazas y agresiones físicas mientras le reclamaban 90.000 euros para su liberación. Llegaron a hacerle firmar varios documentos sin poder verlos, y no fue liberado hasta que se comprometió a entregar dos vehículos como garantía de pago, junto a las escrituras de una vivienda.
Durante la investigación continuó siendo extorsionado por este grupo criminal, del que la cara visible era un ultra de un equipo de fútbol, condenado en 2019 por agredir a un aficionado de un equipo rival. Tras varios días de estrechas vigilancias sobre el cabecilla del grupo de extorsionadores y su entorno, así como del exhaustivo análisis de todos los datos recabados, se consiguió establecer la estructura del grupo criminal.
Un empresario del sector de la construcción de la provincia de Sevilla fue quien contrató a este sujeto como escolta personal y lugarteniente, dentro de una red dedicada al cobro de deudas mediante actos violentos, no dudando en recurrir a las agresiones físicas y a los secuestros en los casos más extremos.
Incluso, utilizó a su pareja sentimental como gancho a la hora de elaborar las extorsiones, siendo ella la que concretó la cita con la víctima del secuestro investigado con la excusa de adquirir un vehículo que este poseía y que había puesto a la venta en una web de anuncios.
Este grupo estaba formado, en su mayor parte, por personas vinculadas al mundo del culturismo y del deporte de contacto, con amplios antecedentes policiales.
Los agentes detectaron otra extorsión a un abogado sevillano, al que le llegaron a exigir 79.000 euros por una supuesta deuda contraída con el empresario jefe del grupo. También descubrieron una agresión a otro empresario hostelero de la zona del Aljarafe sevillano, a quien amenazaron de muerte junto a su familia.
Las investigaciones llevaron a detener a siete personas en Benacazón, Espartinas, Sevilla, Arahal y Almonte, entre los que se encontraba el hijo del propietario de la finca a la que trasladaron al secuestrado para su extorsión y se intervinieron dos videos grabados durante el secuestro por el propio ultra, jactándose de los “trabajos” realizados entre sus conocidos.
Durante los registros se les intervino una pistola de 9 milímetros con el número de serie borrado y en perfectas condiciones de funcionamiento, una pistola simulada, dos carabinas y una pistola de aire comprimido, una defensa extensible, un bate de béisbol y un vehículo de alta gama que previamente había tenido que entregar la víctima como adelanto del pago requerido y que los investigados pretendían vender.
También se les intervinieron diverso material informático, teléfonos móviles, tarjetas telefónicas de interés para las investigaciones y varias nóminas falsificadas que uno de los miembros del grupo utilizaba para adquirir productos de crédito y el alquiler de la vivienda en la que residía.
Ante las extremas medidas de seguridad que adoptaba en su vida diaria el jefe del grupo ejecutor de las extorsiones, al saberse objetivo permanente de las fuerzas de seguridad y otros grupos rivales, se organizó un amplio despliegue policial. Tras cuatro días de indagaciones, fue detenido cuando se encontraba escondido y custodiado en un piso okupa en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.
Los agentes desarticularon así en su totalidad al grupo criminal y detuvieron a sus ocho integrantes.
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