La Sanidad de Castilla y León y su aseguradora deben abonar más de 300.000 euros a la viuda y los dos hijos de un hombre de 61 años operado en 2017 en el Clínico de Valladolid, en una intervención que derivó en una peritonitis mortal sin que se le hiciera un TAC u otra prueba para comprobar que no había complicaciones postquirúrgicas.
Así lo ha fallado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha estimado el recurso presentado por la familia del fallecido, tramitado por los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, que ha facilitado la sentencia este lunes.
Tras la cirugía, el paciente presentó dolor abdominal intenso en los días sucesivos, que precisó continuamente adelanto de analgesia y múltiples rescates con cloruro mórfico que, no obstante, no consiguieron aliviar el dolor.
A pesar de ello «no se consideró oportuno realizar TAC abdominal o cualquier otra prueba de imagen para comprobar que no se hubiera producido una complicación postquirúrgica», ha explicado la asociación.
El Alto Tribunal aprecia que hubo infracción «desde el momento en el que la posibilidad de una infección y de que se produjera una peritonitis está contemplada como una complicación inherente al tipo de cirugía a que fue sometido el paciente, por ello debía extremarse las precauciones ante el mínimo síntoma que pudiera evidenciarla, siendo el dolor uno de esos síntomas, aunque no concurrieran otros».
De acuerdo al fallo recogido por Efe, la Sala no cree «justiciado» que ante el dolor intenso del paciente y estando en el hospital «no se lleve a cabo una mínima actividad dirigida a excluir las causas que motivaban el dolor sufrido, más allá de enmascararlo mediante suministro de morfina».
Para el TSJ de Castilla y León, un diagnóstico precoz de la perforación y la intervención quirúrgica urgente «posiblemente hubiera evitado las complicaciones que determinaron el fallecimiento del paciente, aunque no cabe excluir por completo» que hubiera muerto igualmente.
Por ello, la Sala ha reducido en un 20 por ciento la indemnización inicial que pedía la familia, y la Sanidad regional y su aseguradora deben pagar más de 109.000 euros a la viuda, y 93.907 a cada uno de los dos hijos, más los intereses legales en cada caso desde la reclamación administrativa.
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