Ni Anticorrupción ni las acusaciones populares ni diversas defensas están de acuerdo con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de cerrar la investigación de esta presunta operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas en la que procesó a la cúpula del Ministerio del Interior en 2013, eximiendo de responsabilidad directa a la dirección del PP de entonces.
En esto último discrepan especialmente las tres acusaciones, que han solicitado en los últimos días a la Sala de lo Penal que revoque el auto del juez y siga investigando a Cospedal, a su marido, Ignacio López del Hierro, y a su ex jefe de Gabinete José Luis Ortiz, en quienes el magistrado no vio indicios sólidos de participación en el operativo.
Por su parte, la familia Bárcenas, que figura como perjudicado en la causa, previsiblemente se adherirá al recurso de la Fiscalía, indican a Efe fuentes jurídicas.
Según el recurso presentado por la acusación ejercida por el PSOE, al que ha tenido acceso Efe, «los verdaderamente interesados en esta operación y los únicos que podían pedir su puesta en marcha eran los más altos dirigentes del PP, y más concretamente su presidente», con quien Villarejo dijo que mantuvo contactos a través de varios números de teléfono.
Por eso, solicita, al igual que Podemos, que se acepten las diligencias propuestas por la Fiscalía, que pidió indagar en esos números aportados por Villarejo, una línea de investigación que rechazó el juez al considerar que el comisario pudo haber dicho eso para ganar «notoriedad y repercusión».
Para Podemos, queda mucho «por investigar y esclarecer», incluido «la actuación» que pudo tener Rajoy en Kitchen, «quien a la postre era el principal beneficiario de la maniobra para sustraer al tesorero del PP la documentación de la caja B de la formación que pudiera acabar con su carrera política e incluso sentarlo en el banquillo».
Esta acusación tacha de «irracional» la conclusión del juez de que existió un operativo que empleó recursos públicos en beneficio del PP y para proteger al partido, pero sin que éste ni ningún dirigente lo ordenase, sino que todo partió y se ejecutó desde el Ministerio del Interior, al frente del cual estaba Jorge Fernández Díaz, procesado en esta causa.
Ninguna de las dos acusaciones entiende la decisión de archivar la causa para Cospedal pese a la «ingente cantidad y calidad de las pruebas e indicios acumulados» en contra suya y de su entorno más allegado, y aluden a las referencias que aparecen en las agendas de Villarejo, las conversaciones que este grabó y las alusiones a la ex secretaria general halladas en el móvil del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, también procesado.
Y si la Fiscalía hablaba de la «caótica situación procesal» que generó el auto, por acumular varias decisiones en una misma resolución, las acusaciones populares lo tildan de «extravagante» y «absolutamente incoherente», y consideran «precipitada e inmadura» la decisión de cerrar la instrucción. EFE
A.M.