La cúpula directiva de la Fundación Afal se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir de este lunes acusada de un delito de apropiación indebida al estafar a enfermos de alzhéimer que tenía bajo su tutela más de ocho millones de euros a través de transferencias «injustificadas».
Unos hechos por los que la Fiscalía solicita 6 años de prisión para el director de la fundación, Jaime Conde, y 5 años para Mercedes Díaz, la letrada de la organización sin ánimo de lucro.
Están acusados, además, la presidenta de la fundación, Blanca Clavijo Juaneda (ya fallecida), y los voluntarios José Antonio F. y Rafael N.B., para quienes la Fiscalía propone 21 y 30 meses de prisión, respectivamente, por un delito de apropiación indebida. Otra acusada es María Eugenia James Lamigueiro, que se enfrenta a un año de prisión por un delito de falso testimonio.
Según la Fiscalía, la cúpula de la entidad, constituida en 2006 y que se encarga de la tutela de personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales, ideó «un plan» para desvalijar el patrimonio de sus tutelados después de que los juzgados de primera instancia de Madrid otorgaran a la fundación la condición de tutora de distintas personas.
Así, el director, la expresidenta fallecida y uno de los voluntarios gestionaban los grandes patrimonios que tenían sobre sus tutelados, ya que vendían sus inmuebles, realizaban obras en los mismos y hasta les asesoraban en materia legal o fiscal.
Mediante el expolio al que sometían a los ancianos lograban sustraer buena parte de su patrimonio para incorporarlo bien al suyo propio a través de distintas sociedades o bien al patrimonio de la Asociación Nacional del Alzhéimer Afal Contigo o de la misma fundación.
El total de estas transferencias de los bienes de los ancianos asciende a los 8,4 millones de euros, que fueron invertidos en la construcción del proyecto Villafal, una residencia de lujo para ancianos con alzhéimer situada en Paracuellos del Jarama (Madrid), un negocio con el que, según la Fiscalía, los acusados «pensaban ganar grandes cantidades de dinero».
Dado que la fundación era tutora de algunos ancianos -la mayoría con alzhéimer o sin familiares- los acusados estaban autorizados para manejar sus cuentas, por lo que no tenían impedimento alguno para transferir capital a sus cuentas.
Estas transferencias, según la Fiscalía, eran «inconsentidas» o «injustificadas», y en muchas de ellas no consta quién de los acusados era el que ordenaba dichos movimientos pues se hacían por internet. En todo caso, sostiene el escrito de acusación, las transferencias se realizaban de común acuerdo y consentimiento de los acusados.
Dentro del plan establecido para «saquear» a las personas tuteladas, el fiscal sostiene que la letrada de la fundación concertó seguros de vida o contratos de renta vitalicia con una entidad aseguradora situando como beneficiarios a los herederos legales, «a sabiendas de que no existían», y en su defecto a los tutores legales, esto es, a la propia Fundación Afal.
Algunas de estas pólizas siguen en vigor puesto que la persona no ha fallecido, pero en un caso concreto se llegaron a embolsar 39.534 euros.
Estrella Digital