En su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que se ha prolongado hora y media, Carvajal habría hecho un relato «interesante», según su abogada, que, no obstante, ha declinado en todo momento dar detalles sobre lo que ha declarado su cliente alegando que se trata de una causa bajo secreto.
«No puedo decirles nada de lo que ha declarado. Está declarado secreto y no puedo ir ni en contra de mi cliente ni del tribunal», ha reiterado.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Efe, el exgeneral se habría comprometido a aportar documentación al juzgado sobre los asuntos que ha abordado en su comparecencia, que fue acordada a petición propia, por lo que es probable que se le vuelva a citar de nuevo.
Carvajal ha declarado en el marco de unas diligencias previas que se abrieron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular García Castellón, cuando fue detenido por primera vez en España tras entrar con un pasaporte falso.
Entonces Carvajal pidió declarar voluntariamente sobre asuntos de terrorismo internacional (como ETA y la FARC) y, en un escrito remitido al juzgado, manifestó su preocupación por las relaciones del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbolá.
Sin embargo, en aquella ocasión decidió finalmente no declarar alegando que había cambiado de abogado y que su nuevo letrado necesitaba instruirse sobre los motivos por los que EEUU reclamaba su extradición antes de decidir acerca de la conveniencia de prestar una nueva declaración.
No obstante, fuentes jurídicas señalaron entonces a Efe que la declaración no se produjo porque el propio exgeneral chavista reculó en su intención inicial de ofrecer información relevante sobre Venezuela.
Ahora, sin embargo, parece haber ofrecido información que podría ser de interés.
Mientras, Carvajal sigue con su estrategia para evitar ser extraditado a EEUU, entrega que la Audiencia Nacional ha dejado paralizada a la espera de que se resuelva sobre su petición de asilo.
El Ministerio del Interior informó el viernes de que la había denegado en 2019, pero que entonces no se le pudo notificar porque desconocía su paradero, por lo que la pasada semana se le comunicó la decisión en la cárcel de Estremera (Madrid) en la que ingresó tras su detención en Madrid hace dos semanas, casi dos años después de haberse dado a la fuga
Esos supone, ha explicado su abogada, Dolores de Argüelles, en declaraciones a los periodistas, que cabe recurso ante Interior y si este lo vuelve a denegar, puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo que, según la Ley de Asilo, paraliza la extradición.
Su abogada también ha desmentido que Carvajal se haya sometido a alguna operación de estética y ha dicho que el único cambio que le ha visto ha sido que ha perdido peso y que no lleva la cabeza afeitada como antes.
Ha destacado en todo momento que su cliente, que teme que no va a tener un juicio justo si es extraditado, confía en la Justicia española y que por eso no salió de este país cuando optó por darse a la fuga. «Ha tenido oportunidad de irse a cualquier país del mundo y no se ha querido ir», ha señalado.
Carvajal está reclamado por EEUU por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.
Cuando compareció por primera vez por su extradición, afirmó que la reclamación de EEUU se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone de la época de Hugo Chávez.
Afirmación que defiende también su abogada, que sostiene que todos los problemas de Carvajal comenzaron cuando se manifestó en contra del chavismo y dio su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 gobiernos.
La Audiencia Nacional accedió en 2019 a su extradición al considerar acreditada una conducta vinculada al narcotráfico durante 20 años, así como con la venta de armas a las FARC a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína.
En su resolución, la Audiencia sostenía que se «involucró en esos delitos mientras ejercía en los niveles más altos del gobierno, al haber ostentado entre 2004 y 2011, y después entre 2013 y 2014,» la dirección de los servicios de inteligencia de Venezuela; después fue designado cónsul general de Venezuela en Aruba y en 2016 fue elegido miembro de la Asamblea Nacional venezolana. EFE
A.M.