Ni el ministerio público ni la Abogacía del Estado consideran que la actuación de Tezanos es constitutiva de delito, de modo que se han posicionado a favor del archivo de la querella que fue admitida a trámite este verano por el juzgado de instrucción número 29 de la capital.
La Abogacía, que actúa en representación de Tezanos, recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto en el que se admitió la querella y ahora la Fiscalía se ha adherido a su recurso, según informa en un comunicado.
Vox se querelló contra el presidente del CIS al considerar que los resultados de las encuestas realizadas por este organismo tenían «notorias desviaciones hacia el PSOE» y que se había utilizado «dinero público para influir en la decisión de los votantes y en contra del fin al que tenía destino el mismo».
Una tesis que, para la Fiscalía, se basa en «meras sospechas» y «conjeturas» que «relacionan de forma no adecuada, la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución CIS».
El ministerio público sostiene que los hechos denunciados no tienen la «solidez suficiente» para abrir una investigación penal y que Vox no ha acreditado «los indicios existentes relativos a la comisión del delito» de malversación que denuncia.
Coincide por tanto con la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que argumentó su petición de archivo en la falta de indicios que justifiquen el delito, además del carácter prospectivo de la investigación.
En opinión del ministerio fiscal, no existe una relación causal lógica que conduzca a presuponer que los errores denunciados en la elaboración de encuestas «sea consecuencia de una administración dolosa» por parte de Tezanos para «quebrantar los fines de la institución en beneficio de un partido político concreto», e insiste en que tales afirmaciones «sólo se sostienen por conjeturas y sospechas» sin concretar nada en relación con una gestión fraudulenta del patrimonio público del CIS.
La Fiscalía también expone en su escrito que las acusaciones de Vox se basan en noticias, «comentarios y opiniones en redes» sin concretar ninguna actuación de Tezanos, y añade que aunque la elaboración de encuestas forma parte de las funciones asignadas al CIS, dicha tarea se puede cuestionar por su eficacia sin exigir responsabilidad penal.
Por tanto, esas supuestas irregularidades, a su juicio, deberían resolverse «en la esfera administrativa o disciplinaria», una vez se obtengan los expedientes o documentos preceptivos que permitan «valorar de forma objetiva cualquier tipo de error o manipulación en su elaboración». EFE
A.M.