La Guardia Civil detenido a 22 personas por su presunta participación en la venta de 253 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano por estar caducados y que se distribuían desde Las Palmas de Gran Canaria a otras islas, ha informado el cuerpo este sábado en un comunicado.
La investigación dirigida por el Juzgado número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, la ha llevado a cabo el Seprona en colaboración con los técnicos inspectores de Salud Pública (TISP), del Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria, tras una inspección llevada a cabo en diciembre de 2018 en una nave de la capital grancanaria dedicada a la venta al por mayor de alimentos frescos, refrigerados y congelados.
Desde este establecimiento, de venta al por mayor, se distribuía estos alimentos a otros puntos de venta, principalmente de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, señala la nota de la Guardia Civil.
Los inspectores y los agentes del Seprona localizaron en las cámaras frigoríficas más de 1.500 (unos 1.500.000 kilos) de productos alimenticios y observaron que gran cantidad de ellos tenían las fechas de vida útil ya vencida.
La operación que ha permitido la detención de estas personas se ha denominado «Bife» dada la cantidad de carne incautada, indica la Guardia Civil, que añade que parte de los alimentos se hallaban caducados, mal etiquetados o no era posible seguir su trazabilidad.
Se inmovilizaron 900.000 kilos de carne adquirida por otros dos distribuidores y varios restaurantes que aún no la habían puesto en el mercado y que no era apta para el consumo humano por estar considerados residuos «Sandach».
Los 22 detenidos eran responsables de ocho establecimientos que presuntamente conocían la caducidad de la mercancía y la adquirían a un precio inferior al establecido, y todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de los de Las Palmas de Gran Canaria por supuestos delitos continuados contra la salud pública, falsedad documental, estafa y contra la propiedad industrial.
Ante el volumen de mercancía que se almacenaba en las cámaras frigoríficas y la imposibilidad de verificar en ese momento si toda ella cumplía con los requisitos de seguridad alimentaria, se procedió a la inmovilización de los productos y al precinto de la nave para evitar la comercialización de productos no aptos para el consumo humano.
Una vez que se verificó toda la mercancía, se comprobó irregularidades como fecha de consumo preferente o de caducidad superada; sustitución de etiquetas originales por otras falsas con fechas actualizadas; carnes que, según la indicación de su etiquetado debía conservarse refrigerada, se encontraban congeladas y pasadas de fecha para su consumo.
Así mismo, se hallaron piezas de carnes que venían de origen envasadas al vacío con etiqueta en su interior y con un corte en el envoltorio faltando su etiquetado original interno, siendo este sustituido por otra etiqueta falsa que se había adherido en el exterior del envase y ocultando el corte realizado.
Se intervino también mucha mercancía de la que no era posible seguir su trazabilidad por carecer de documentación que justifique la procedencia legal.
Ante el riesgo que todo ello suponía para la salud pública, se procedió a la inmovilización de toda la mercancía y al cese cautelar de la actividad, además de a la incautación de etiquetas falsas con las marcas, logos y datos de las empresas elaboradoras, precisa la nota.
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