El juez que investiga la entrada a la fuerza de varios policías en un piso de la calle Lagasca de Madrid en el que había una fiesta en plena pandemia traslada este viernes a los agentes que ve indicios sólidos de que cometieron un delito de allanamiento de morada, e instará a las partes a pronunciarse sobre posibles diligencias.
El magistrado Jaime Serret dictó el pasado 19 de septiembre un auto en el que sostiene que hay indicios «sólidos» de un delito de allanamiento de morada en la actuación de los agentes aquel 21 de marzo de 2020 en un piso del número 19 de la calle Lagasca y decreta que los hechos sean juzgados por un tribunal de jurado.
Así, transformó las actuaciones en un procedimiento ante un tribunal de jurado, como determina la ley para este tipo de delito, y citó a los encausados y a todas las partes a una vista para este viernes, 8 de octubre, en la que se concretará la imputación y en la que el fiscal, la acusación y las defensas podrán pedir las diligencias de investigación que consideren necesarias.
El juez dictó este auto dos días después de que declararan en el juzgado el inquilino denunciante, una testigo y los seis agentes implicados en la «patada en la puerta» de la calle Lagasca, que se hizo viral porque las personas que había en el piso difundieron el vídeo en el que se oponían a la entrada de los agentes, que rompieron la puerta con un ariete.
Hace hincapié el magistrado en que la Audiencia Provincial desestimó que fueran los jóvenes los que cometieron un delito de desobediencia y apuntó que el delito podría ser de los agentes.
El auto en el que el magistrado considera que los agentes podrían en su caso ser juzgados por allanamiento de morada ha sido recurrido por los policías, que defienden su absolución pues, entre otros extremos, el piso no es una morada porque «se trata de un piso que fue alquilado con la exclusiva finalidad de celebrar fiestas» y, además, el contrato de arrendamiento aportado en la causa por el querellante no está firmado por las partes y no se ha acreditado el pago de mensualidades ni fianza.
El abogado del Estado, que defiende a cuatro de los seis agentes, argumenta que «el magistrado hace constar en el auto recurrido apreciaciones y valoraciones jurídicas prematuras, ya que los indicios no pueden considerarse muy sólidos con las diligencias practicadas», y aboga por practicar más diligencias de investigación.
El juzgado ha denegado recientemente la petición de los agentes de que se suspenda la vista de este viernes hasta que se resuelvan estos recursos, y a que dos de los policías declaren por videoconferencia porque no hay medios adecuados.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expresado su apoyo a los compañeros que realizaron esa intervención, a los que acompañarán este viernes en la puerta de los juzgados.
El procedimiento por la entrada a la fuerza en el piso de la calle Lagasca no es el único que se dirime en los juzgados madrileños ya que el Juzgado de Instrucción número 4 investiga una intervención similar ocurrida el 9 de diciembre de 2020 en la calle Pan y Toros, en el distrito de Villaverde, por la que están citados como investigados doce agentes que declararán el 13 y el 18 de octubre.
El Juzgado de Instrucción número 26 también investiga otra «patada en la puerta» ocurrida durante la pandemia, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
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