La Fiscalía, que pedía un total de unos quinientos años de cárcel para los tres procesados por los delitos investigados, ha llegado a un acuerdo con las demás acusaciones y con la defensa de los tres imputados para una notable rebaja en las penas.
La citada operación es una de las macrocausas instruidas por la jueza Pilar de Lara cuando estaba al frente del Juzgado de instrucción 1 de Lugo.
La De Lara, instructora también de causas como la del caso Pokemon, fue apartada del juzgado por el Consejo General del Poder Judicial (CPGC) por una «falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales».
La abogada Esther Amado, defensora de García Adán, calificó de «satisfactorio» el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, «ya cumple la pena máxima» y no va a suponer tiempo «añadido» en prisión.
García Adán se encuentra en una cárcel de León cumpliendo una condena por obligar a abortar a una de las mujeres que trabajaba en un club de su propiedad en el que ejercía la prostitución.
El presunto cabecilla de la trama, que intervino desde la prisión por videoconferencia, reconoció las acusaciones de prostitución coactiva, tenencia ilíta de armas, amenazas y atentados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública.
Amado precisó que esos delitos «suman seis años de condena», pero solo le quedarían «dos años por cumplir, porque estuvo cuatro en prisión preventiva».
Al estar cumpliendo la pena máxima por otra condena, eso «no le va afectar», apuntó la letrada.
En el caso de José Manuel Pulleiro, su abogado, Cándido Conde Pumpido, precisó que este acuerdo global, para todos los acusados, implica que su cliente no tendrá que volver a prisión «porque ya tendría cumplido el límite máximo».
De hecho, precisó que «acepta menos de los tres años y siete meses que ya llevaba cumplidos».
En cuanto a la acusada de captar a mujeres en situación vulnerable en Brasil para, su investigación queda suspendida, de modo que tampoco tendría que ingresar en prisión.
«Para todos es un alivio evitar el juicio, porque dado el volumen que había alcanzado la causa» instruida por la jueza De Lara, indicó Conde Pumpido.
«Nadie, ni las acusaciones ni las defensas, teníamos ganas de celebrarlo. Además, había toda una serie de nulidades que pendían sobre el procedimiento y que, de esta forma, también quedan salvadas para las acusaciones y para la Fiscalía para otras piezas», añadió.
«Es una instrucción que ha alcanzado un volumen mayor que cualquier otra causa del sistema judicial español», observó el letrado, y justificó que «cuando las causas alcanzan este volumen se convierten en inmanejables».EFE
A.M.