La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a 24 acusados de formar parte de la trama desarrollada en Boadilla del Monte entre 2001 y 2009 que logró comisiones a políticos del PP en forma de dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio al consistorio que la Fiscalía cifra en cuatro millones de euros.
La fiscal pide 76 años y 7 meses de prisión para el líder de la trama, Francisco Correa; 64 años y 7 meses para su número 2, Pablo Crespo, y 40 años y 9 meses para Arturo González Panero, el Albondiguilla, entre otras penas para el resto de acusados.
En la sesión de este jueves ha testificado Jaime González Taboada que ha sido preguntado por la fiscal por lo que declaró en la vista Arturo González Panero en relación a la venta en 2005 de una parcela municipal que fue adjudicada a la empresa UFC, cuyo dueño, José Luis Ulibarri, es uno de los empresarios acusados en esta causa.
Arturo González Panero denunció que durante meses recibió presiones tanto del entorno del entramado como del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de Jaime González Taboada para que el precio de la venta de la parcela se fijase en la cantidad que quería Correa, menor a la que el alcalde estaba dispuesto.
Finalmente el ayuntamiento no accedió a fijar el precio del que era partidario Correa y ahí fue el momento en el que, según González Panero, «se rompió absolutamente todo con él» porque se sintió «presionado a hacer algo que no veía correcto» por «una ambición desmedida» y aseguró que recibió amenazas del entorno del entramado.
Jaime González Taboada ha asegurado que no presionó a González Panero para que el Ayuntamiento bajara el precio de la parcela y que tampoco retuvo el expediente de la venta en la Comunidad de Madrid.
Ha explicado que al superar la venta de esa parcela el 25 por ciento del presupuesto municipal necesitaba el informe favorable de la Comunidad de Madrid y que su Dirección General recibió la propuesta del Ayuntamiento de valorar los terrenos en 33 millones de euros.
Ha añadido que una vez recibida en su departamento la propuesta era enviada a otra Dirección General de Suelo de la Comunidad cuyos técnicos fueron los que valoraron la parcela en algo más de 19 millones de euros.
González Taboada ha recordado que, según la normativa, para preservar el patrimonio municipal el Ayuntamiento podía fijar el precio en una cantidad superior a la valorada por la Comunidad pero no al revés y que además «no tendría sentido» que él hubiera presionado al alcalde ya que la competencia sobre tal valoración era de la Dirección General del Suelo.
«Yo no tenía ninguna capacidad de influencia» sobre el valor a fijar de la parcela, ha recalcado Gonzalez Taboada, que ha insistido que su Dirección General, la de Administración Local, se limitaba al trámite jurídico del expediente.
Ha comentado que González Panero fue compañero suyo en el PP pero ha asegurado que ni habló ni se reunió con él cuando era alcalde, que tampoco lo hizo con Correa y que desconocía a qué empresa se había adjudicado la venta de la parcela. EFE
A.M.