En un escrito dirigido al juzgado central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de la entidad se remite a la última prórroga, acordada el pasado julio y en vigor hasta el próximo 29 de enero, y afirma que todas las pruebas practicadas desde entonces «han resultado inútiles» y «no han aportado ningún dato nuevo».
El BBVA recuerda que esta pieza separada del caso Villarejo se inició a finales de 2018, «hace ya tres años», y repasa algunos de los hitos de la causa.
Así, asegura que «especialmente durante los dos primeros años la instrucción ha sido incesante», ya que «se han practicado más de 50 declaraciones» y el banco «ha recibido y cumplimentado numerosos requerimientos».
En concreto, «la entidad ha recibido cerca de 20 oficios, cada uno de ellos con numerosos puntos, lo que en total supone más de 100 requerimientos de documentación e información».
Además, en nombre del BBVA se han presentado «más de 100 escritos que, con su documentación adjunta, corresponden a más de cien mil folios».
Todo ello «ha llevado a que, a día de hoy, nos encontremos ante 26 tomos y muchos gigabytes de documentación anexa» que «componen una investigación ingente y ya agotada».
Prueba «de que no hay nada más por investigar» es que, desde el pasado julio, todas las diligencias «han resultado inútiles» y «no se han referido a hechos distintos de los que ya se conocían y habían sido investigados y acreditados».
El BBVA se refiere, en este sentido, a la entrada y registro de la pasada semana a la vivienda del que fuera su jefe de seguridad Julio Corrochano, igualmente investigado, donde «sólo se ha intervenido un documento», en alusión a una oferta de Cenyt para prestar servicios de consultoría de seguridad del año 2016.
Un papel que, prosigue, fue incorporado al sumario por la representación del banco en 2019 y que «de hecho, figura como aportado en las actuaciones en ocho ocasiones».
Tampoco quedan pruebas pendientes de ser acordadas y practicadas que puedan justificar una nueva prórroga, puesto que aunque varios investigados han solicitado declarar de forma voluntaria, el juzgado podría citarlos antes de finales de enero, recalca.
Por estos motivos, el BBVA considera que «no procede prolongar todavía más una investigación que ya es muy extensa (mucho más que otras de las piezas separadas de este procedimiento, que se han investigado en mucho menos tiempo aún refiriéndose a hechos muy similares)».
La «operación Trampa», novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019 el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano. EFE
A.M.