La Audiencia Nacional ha reanudado este martes con los informes de las acusaciones el juicio a los 24 acusados por las actividades de la trama Gürtel en Boadilla en el que González Panero se enfrenta a la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía, de 40 años de prisión.
Todos ellos están acusados de participar en la trama desarrollada en Boadilla del Monte entre 2001 y 2009 que logró comisiones a políticos del PP en forma de dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio al consistorio que la Fiscalía cifra en cuatro millones de euros.
González Panero es uno de los 17 acusados que reconocieron por escrito y en el juicio los hechos pero es el único al que la fiscal no ha rebajado su petición provisional de penas al estimar que no formuló una confesión real sino que «ha ocultado, tergiversado e intentado responsabilizar a otros» de su actividad delictiva, con la que supuestamente desvió más de un millón de euros a una cuenta bancaria en Suiza.
La sesión de este martes ha comenzado con el informe de la Abogacía del Estado que acusa por delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y falsedad documental a ocho de los imputados, entre ellos, además de Arturo González Panero, los líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo.
La letrada del Estado ha recalcado que González Panero «no ha devuelto las cantidades percibidas, las ha venido disfrutando estos años, las disfruta hoy o se las ha gastado».
Ha añadido que a partir de comisiones que recibió González Panero defraudó a Hacienda por los beneficios que obtuvo de sucesivas inversiones que realizó con una estructura societaria opaca.
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Boadilla estima que también debe ser condenado el sucesor de González Panero en la Alcaldía, Juan Jesús Siguero, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y medio de prisión.
Ha explicado que Siguero votó a favor de adjudicar a una empresa de la trama el contrato de adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano conociendo que el pliego de condiciones del concurso llevaba un precio impuesto por la empresa de Correa a la que ya estaba prevista concederlo.
Pero estima que procede aplicar la circunstancia atenuante de reparación del daño respecto al acusado César Tomás Martín Morales, exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) y exjefe de campaña del PP de Boadilla, al haber puesto todo su patrimonio a disposición del tribunal para hacer frente a sus responsabilidades pecuniarias.
Igualmente para José Luis Ulibarri, uno de los empresarios que pagaron comisiones a la trama, ya que el Ayuntamiento se considera resarcido con el medio millón de euros que ha abonado al consistorio.
Por su parte, el abogado de la EMSV ha comentado que el líder de la trama, Francisco Correa, «tenía el dominio absoluto sobre el Ayuntamiento y sobre esta empresa pública».
«Correa hizo del Ayuntamiento y de la EMSV su propia empresa particular» para obtener beneficios que se repartía con Crespo, González Panero, Martín Morales y el también acusado Alfonso Bosch, sucesor el anterior en la gerencia de la EMSV y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha dicho este letrado acusador.
No obstante, cree que para este último cabe aplicar la atenuante de reparación del daño por las cantidades que ha resarcido.
El representante de la EMSV ha comentado que durante varios años los acusados formaron una «estructura fraudulenta con un ánimo de lucro desaforado en perjuicio del Ayuntamiento y de la EMSV», con la que además se sufragaron gastos del PP.
La Fiscalía pide que el PP sea condenado como responsable civil como partícipe a título lucrativo por los 204.198 euros que obtuvo supuestamente de los beneficios del entramado.
La abogada de la acusación ejercida por exdiputados socialistas ha estimado que no debe aplicarse en su máximo grado la atenuante para los acusados que han reconocido los hechos pues su confesión es tardía y parcial y en los casos de los ya condenados por otras piezas de Gürtel, como Correa y Crespo, solo buscan beneficios penitenciarios.
Los letrados de acusados para los que la Fiscalía ha rebajado su petición de penas por haber confesado los hechos se han adherido al informe de la fiscal. EFE
M.M.