El juicio por el crimen de la niña Desirée Leal en la localidad de Muimenta, Cospeito (Lugo), supuestamente a manos de su madre, para quien la acusación solicita la pena de prisión permanente revisable, se celebrará desde este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
La vista oral, con jurado popular, tendrá lugar por lo tanto antes de que se cumplan tres años de la muerte violenta de la pequeña, que se produjo el 3 de mayo 2019.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba dictó a mediados de marzo de 2021 auto de apertura de juicio oral contra la madre de la niña, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al entender que de las diligencias practicadas se desprende “la existencia de indicios racionales de criminalidad” contra la investigada.
En el citado auto, la jueza sostiene que los hechos podrían ser tipificados como un delito de asesinato con alevosía, concurriendo las agravantes de parentesco y la atenuante de anomalía o alteración psíquica.
La magistrada afirma que la mujer, llamada a testificar hoy, “urdió un plan dirigido a acabar con la vida de su hija”.
Durante la madrugada del 2 al 3 de mayo, según indica en su exposición, presuntamente asfixió a su hija, que en ese momento tenía siete años, después de haberle suministrado un fármaco para inducirla al sueño. La niña, que dormía en la misma cama que ella, llegó a despertarse y a oponer resistencia.
La acusada, según consta en la resolución, fue diagnosticada de un trastorno de personalidad de tipo mixto y de un trastorno psicótico, los cuales pudieron afectar de manera parcial a sus capacidades intelectivas y volitivas.
En el caso también están personados como acusación particular el padre de la niña, José Manuel Leal, y como popular la Fundación Amigos de Galicia.
Las acusaciones solicitan la prisión permanente revisable para la madre de la niña como autora de un delito de asesinato con alevosía, concurriendo las agravantes de parentesco.
Asimismo, Fiscalía y acusación popular solicitan una indemnización de 300.000 para el padre de la pequeña, mientras que la particular pide 120.000 euros.
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