El juicio ha comenzado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por el procedimiento del jurado, que fue seleccionado el pasado viernes.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre, de 38 años, estaba casado con la víctima, con que tenía dos hijos menores en común, nacidos en 2009 y 2013, y convivían en la localidad de Almassora.
Entre febrero y marzo de 2020, la víctima comunicó al acusado su voluntad de poner fin al matrimonio y divorciarse, lo cual «no fue bien aceptado por el acusado»; poco después, el 14 de marzo, se decretó el estado de alarma a causa de la pandemia y la mujer pensó que continuarían la convivencia al menos durante el confinamiento.
El 19 de marzo, cuando los niños estaban en sus habitaciones en la planta superior de la vivienda, el matrimonio inició una discusión hasta que el acusado decidió poner fin a la vida de la mujer al no aceptar la ruptura y «dejando patente su sentimiento de superioridad hacia ella, a la que consideraba un objeto de su propiedad».
Decidió hacerlo «de forma lenta, de modo que ella experimentara el sufrimiento y quedara claro que era él quien mandaba»; para ello, comenzó a propinarle fuertes puñetazos en la cabeza, la golpeó contra el suelo, causándole múltiples lesiones graves, y el ruido despertó a los niños, a quienes el acusado mandó de nuevo a la cama.
La mujer se arrastró hasta la cocina y cerró la puerta. El acusado entró y cogió un cuchillo que le clavó hasta en cinco ocasiones y posteriormente la intentó asfixiar con un trapo de cocina.
Finalmente, con la mujer totalmente sometida a la voluntad del acusado, le hizo otros cortes hasta que la degolló mortalmente; después, cogió todo el dinero que había en la vivienda, rompiendo incluso una hucha, y se marchó con sus dos hijos y pasaron los tres la noche en el coche.
A la mañana siguiente el hombre dejó a los niños en la puerta del domicilio de su cuñada y les dio el dinero que había recogido. Se dirigió a continuación al cuartel de la Guardia Civil y se entregó diciendo: «Agentes, deténganme, que he cometido una barbaridad».
Dos dotaciones de la Guardia Civil se desplazaron al domicilio y comprobaron lo sucedido. El acusado prestó su consentimiento a que entraran en el domicilio días después pero «tanto en sede policial como judicial no ha querido prestar declaración alguna».
Según el Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y concurren las circunstancias agravantes de parentesco y la atenuante de confesión, y pide imponerle una pena de 24 años y seis meses de prisión. Además, la prohibición de acercarse a sus hijos a menos de 500 metros por un tiempo superior a la pena de prisión de 10 años.
Asimismo, reclama una indemnización de 150.000 euros para cada uno de sus hijos, a los padres de la víctima con 60.000 euros a cada uno y a sus dos hermanas con 30.000 euros para cada una. EFE
A.M.