Un juzgado madrileño investiga un entramado que supuestamente estafaba a empresarios y blanqueaba el dinero, y que llegó a conseguir ocho millones de euros convenciendo a las víctimas de que adelantasen grandes sumas de dinero para conseguir préstamos millonarios que necesitaban en época de pandemia.
Reuniones en Torre Europa, trajes y coches de lujo y supuestos contactos internacionales eran algunos del los ganchos que usaban los investigados para supuestamente embaucar a los empresarios, que necesitaban dinero para salvar su situación en plena crisis económica, y a los que casi no se les pedían garantías, según el informe policial que obra en la causa, al que ha tenido acceso Efe.
Las estafas comenzaron a ser investigadas por separado por la Policía de Madrid y de Baleares, con conocimiento de juzgados de varias provincias, hasta que las pesquisas se unificaron y el caso completo recayó en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.
Tras autorizar en enero último el registro en las viviendas de los sospechosos, el magistrado Juan José Escalonilla citó como investigados a diez presuntos implicados para el pasado día 10 de marzo, pero la declaración se retrasó al día 22 y finalmente se ha pospuesto sin fecha, según informan a Efe fuentes jurídicas.
Lo hizo por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales, ya que pudieron hacerse fraudulentamente con 8 millones de euros. Hubo varios detenidos en enero pero todos quedaron en libertad provisionalmente.
El modus operandi que relata la UDEF es que los investigados ofrecían, normalmente a través de algún conocido, un sistema de préstamo que no requería grandes garantías como los bancos, sino únicamente un seguro de caución y una elevada inversión inicial.
Para lograr embaucar a los empresarios ponían en escena a varias personas, mostraban operaciones casi hechas, y concertaban reuniones en la prestigiosa Torre Europa del Paseo de la Castellana.
El juez se hace eco del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que incrimina a varios integrantes de la trama, entre ellos el supuesto cabecilla, Romualdo S.M., y su mujer Dolores A.S., quien según relatan los investigadores ejercía diferentes «papeles» para engañar a los empresarios.
La investigación policial arrancó con dos denuncias que al final llevaron a nueve posibles estafas.
Un empresario balear solicitó un préstamo de 5 millones para el que adelantó más de 100.000 euros; otro de una empresa de helicópteros necesitaba 20 millones y llegó a dar más de 300.000; un tercero solicitó 20 millones para construir un hotel en la República Dominicana y acabó dando más de 300.000.
Ninguno obtuvo nunca lo prometido, aunque llegaron a ver el dinero en una cuenta de una entidad alemana, casi listo para ser utilizado, según los embaucadores.
La estafa alcanzó hasta a un empresario peruano, quien denunció en Madrid que entregó 2,1 millones de euros para conseguir una financiación de 55 millones para su empresa, mientras que otro de baleares pidió a los prestamistas 344 millones y perdió más de tres.
Según el informe de la UDEF la investigación llevada a cabo determina «un modus operandi recurrente y llevado a término por un entramado de personas (…) con el nexo común de todas ellas de Romualdo S.», con «una argucia encaminada a la eventual fiscalización» de su actividad delictiva, con pagos fraccionados y «circulares» que denotan blanqueo de capitales.
Ofrecían conseguir financiación, a través de una empresa intermediaria, de un inversor extranjero -normalmente una mercantil afincada en Serbia-, que depositaría el dinero en un banco alemán, de la que daban nombres y correos electrónicos pero con un dominio incorrecto.
La policía subraya que, además del matrimonio cabecilla de la red, el investigado Joseph S. era el que recibía numerosas transferencias por parte de los investigados.
Precisamente una de las partes ha solicitado al juez que se investiguen más a fondo los antecedentes y la actividad mercantil de este imputado, originario de Camerún, así como que se precinten las naves a su nombre y se embarguen en forma de depósito, llevando a depósitos municipales los vehículos de lujo con los que cuenta.