Unos hechos que se remontarían, al menos, a 2016 y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera constitutivos de varios delitos contra la salud pública, uno de falsedad documental y otro de grupo criminal, según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Efe.
A los procesados les acusa de participar en la introducción en el mercado de carne de caballo no apta para consumo humano, evitando su trazabilidad y control sanitario.
La base de operaciones se encontraba en dos mataderos de las localidades leonesas de Astorga y Toreno y la carne procedía de caballos de los que no se disponía documentación o que la que tenían evidenciaba que su carne no era apta para el consumo humano, es decir, que tenían lo que coloquialmente se denomina en el sector como «pasaporte rojo», que se «blanqueaba» con certificados de otros animales, algunos incluso muertos.
Otros ejemplares directamente se sacrificaban y «entraban en la cadena alimentaria humana» sin ser válidos para ello, añade el escrito.
Para lograrlo «era indispensable» el acuerdo entre «los entradores» de ganado en los mataderos, los responsables de los mismos y el veterinario oficial, y la forma en la que Fiscalía cree que operaban solía pasar por no introducir los datos de los animales en el sistema o directamente falsificarlos.
«Realizaban dicha actividad, evitando el control de los veterinarios dependientes de la Administración o en connivencia con alguno de estos y para ello falsificaban los documentos oficiales» que debían garantizar «la trazabilidad de los animales», explica el fiscal.
Por ejemplo, en marzo de 2017 se sacrificaron cuatro equinos en Toreno con «claros signos de melanomas» que luego se vendían a 1,50 euros el kilo, aunque se tuvo que quitar la carne «que presentaba signos evidente de melanoma, dejando sólo un 20 %» de aquella donde «no eran visibles los nódulos» de color negro.
La Fiscalía destaca que en las muestras investigadas en la causa se hallaron sustancias que causan efectos nocivos para la salud, como «daños genéticos» o «favorecer probablemente la aparición de distintas formas de cáncer», y en algunos casos incluso llegaron a dar positivo en listeria.
Toda esta actuación tenía, dice la Fiscalía, un «ánimo lucrativo», ya que el precio de los animales no aptos para el consumo humano es mucho menor.
Para cuadrar después las cuentas, se incurrió en facturación ficticia y otras operativas destinadas a camuflar «el gran número de sacrificios o manufacturas de carne» para evitar ser investigados, «manejando siempre el dinero en metálico».
DEL «ENTRADOR» DE GANADO AL DISTRIBUIDOR
La Fiscalía pide las mayores penas (entre seis y nueve años y medio) para tres «entradores» de ganado en los mataderos -Javier F., Alejandro D y Bernardino C.; y para el veterinario oficial de Castilla y León destinado en el matadero de Toreno, Ángel M. (8 años y medio). En el caso de Astorga no se ha podido determinar qué veterinario actuó de igual forma.
A una petición de seis años de prisión se enfrentan los dos responsables de controlar la adquisición de ganado en dicho matadero -Félix I.R. y Carlos V.S.- y los gestores del de Toreno -el matrimonio formado por Fernando D.S. y María Mercedes A.-.
En último lugar estarían los tres que habrían participado en la distribución, entre ellos Johannes F
asen, que fue condenado en Francia por la mayor estafa alimentaria de Europa, el caso Horsegate, un escándalo con ramificaciones internacionales que saltó en Reino Unido en 2013 y que destapó la comercialización de carne de caballo haciéndola pasar por ternera.
El ministerio público, que pide cuatro años de prisión para ellos, sostiene que utilizaron la empresa Codelta 91 para distribuir productos que sabían que estaban en mal estado.EFE
A.M.