El magistrado ha tomado esta decisión al entender, como también sostiene la Fiscalía, que los delitos que se investigan en este procedimiento no serían competencia de la Audiencia Nacional.
Así lo expone en un auto en el que rechaza la inhibición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Illescas, cuya titular sí consideró que los delitos que se investigan, de pertenencia a organización criminal, falsificación de moneda, tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio, lesiones y homicidio (el 5 de febrero de 2022 en el barrio de Usera), trascenderían las fronteras de la provincia de Toledo y serían competencia de la Audiencia.
Sin embargo, el juez Pedraz explica en su auto que, según la doctrina del Tribunal Supremo, para determinar la competencia de la Audiencia en relación a los delitos de tráfico de drogas y de falsificación de moneda se exige que se cometan en el marco de una organización criminal y, además, en el caso del tráfico de drogas, que la actividad afecte a diversas provincias, algo que, dice, no ocurre en este caso.
La investigación, prosigue el magistrado, refiere un modo de actuar de forma jerarquizada por parte de los presuntos integrantes de la banda, pero no se habría acreditado que en la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas y falsificación de moneda se haya operado con los requisitos exigidos para su imputación en el marco de una organización criminal.
«No se acredita que la finalidad de la referida organización sea la comisión de estas dos actividades delictivas, sino que las mismas se imputan como resultado de las intervenciones de comunicaciones y del registro, pero de manera instrumental a las actividades realizadas por los miembros de la organización”, añade el juez.
Por tanto, la competencia sería, según el criterio del magistrado, del juzgado de instrucción del lugar donde se cometieron los hechos.
El juzgado de Illescas incoó actuaciones tras las investigaciones de la Guardia Civil de Toledo por un homicidio en grado de tentativa en el que resultaron investigados cinco personas que están en prisión provisional.
Al desprecintar y analizar los teléfonos de estos detenidos se identificó a presuntos integrantes de la citada banda, en concreto del grupo de Seseña (Toledo), que era una escisión del de Villaverde (Madrid).
En los registros también se encontró ropa, collares, anillos, pulseras, banderas relacionadas con la simbología de los DDP, utensilios para la falsificación de moneda, armas blancas, estupefacientes y utensilios para el tráfico de drogas, y dinero real y falso.
En total, la Guardia Civil detuvo en febrero a once supuestos miembros de los DDP asentados en Madrid y Toledo, tres de ellos como presuntos autores materiales del asesinato de un joven de 25 años en Usera. EFE