El asesinato de un niño en Sueca (Valencia) a manos de su padre ha evidenciado una laguna de comunicación entre juzgados del mismo municipio, que no tuvieron en cuenta una sentencia previa por maltrato a la hora de ratificar un convenio de divorcio en el que se estableció la custodia compartida.
El crimen se conoció este domingo alrededor de las 14 horas, cuando la madre del menor, de 44 años, acudió al domicilio paterno a recoger a su hijo y, al no abrirle la puerta, avisó a los servicios de Emergencias.
Cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió a la vivienda, los agentes comprobaron los hechos y detuvieron al progenitor, quien fue trasladado al cuartel de Sueca, donde permanecerá hasta este miércoles, cuando será puesto a disposición del juez, según han informado fuentes del instituto armado.
La víctima, Jordi, que acababa de cumplir 11 años, se encontraba en el domicilio de su padre a pesar de que éste tenía una orden de alejamiento respecto de la madre, que era la responsable de la custodia en virtud de la sentencia penal por maltrato.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado este lunes de que los cónyuges ratificaron el convenio regulador de custodia compartida sin informar al juzgado de que existía un procedimiento penal por malos tratos.
Ese convenio fue establecido en julio de 2021, cuando ambos cónyuges presentaron una demanda de divorcio de mutuo acuerdo, y fue ratificado también por ambos en septiembre de ese mismo año.
Sin embargo, el TSJCV señala que ninguno de ellos informó al juzgado que veía su proceso de divorcio de la existencia de un procedimiento penal abierto en agosto, un mes antes, que se cerró con una condena para el padre de 40 días a trabajos en beneficio de la comunidad, 8 meses de alejamiento y prohibición de comunicación con su exmujer.
La sentencia se dictó el 12 de agosto por conformidad y por tanto es firme -por lo que la orden de alejamiento debería haber estado vigente hasta el próximo 12 de abril- y establecía la custodia y la patria potestad para la madre.
En consecuencia, esta decisión suspendía cualquier régimen de visitas del progenitor condenado respecto de su hijo, y fijaba además una pensión alimenticia de 200 euros mensuales.
Los juzgados que tramitaron ambos procedimientos (el de divorcio y el penal por malos tratos) son los de Primera Instancia e Instrucción 4 y 5 de Sueca, y se da la circunstancia de que ambos se encuentran en diferentes edificios, aunque a apenas unos metros.
Fuentes judiciales consultadas por Efe han explicado que no existe un sistema informático que avise ni notificación automática alguna que permita a un juez que tramita un divorcio conocer si alguno de los miembros de la pareja ha presentado una denuncia o ha sido condenado por malos tratos.
Las mismas fuentes han añadido que la madre habría tenido pleno amparo legal en caso de haber decidido impedir que el padre pasase tiempo con el niño.
La prima de la madre del niño asesinado y portavoz de la familia materna, Marta Tur, ha asegurado este lunes que no había precedentes de malos tratos al menor por parte de su padre y que por eso decidían llevarlo unas horas cada domingo, para que le viese.
En el proceso de divorcio, el padre del único hijo de la pareja «había mostrado cierta obsesión, la acosaba, pero con el niño nunca, al menos no nos consta -ha dicho Tur-, y no es cierto que hubiese amenazado antes con matarlo, en ese caso no habríamos accedido nunca a llevárselo».
Esta mujer explica que la madre y su agresor tenían custodia compartida -en virtud de un régimen que acordaron ambos con posterioridad a la orden de alejamiento impuesta por el juez- pero que la familia materna «no accedía a cumplirla porque él no estaba en condiciones de tenerla».
«Por costumbre, los domingos llevábamos al niño unas horas para que viese a su padre. Él quería pasar tiempo con su padre, aunque últimamente no iba tan convencido. El domingo, al poco rato de dejarle, llamó a su madre para que fuese a recogerle, y en el trayecto debió hacer la barbaridad que hizo», lamenta.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este asesinato como un caso de violencia vicaria, el primero de este 2022, mientras que son 47 los menores asesinados por violencia machista desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse los casos.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha considerado que lo sucedido es un «fallo flagrante» del sistema, que «no puede volver a ocurrir».
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que seguirán trabajando para «llegar a tiempo» y «desplegar todos los mecanismos institucionales» para evitar nuevos casos.
Los municipios valencianos de Sueca y Cullera (en este último reside la familia materna del menor) han anunciado tres y dos días de luto oficial, respectivamente, y en ambos se han convocado concentraciones en señal de duelo y repulsa a partir de las 20 horas, mientras el Gobierno valenciano guardará este martes tres minutos de silencio frente al Palau de la Generalitat.
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