El PP y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, se querellaron en 2017 contra los tres por encargar «a dedo» y «sin publicidad» a dos despachos de abogados que investigaran posibles irregularidades en contratos del Open de Tenis durante el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón.
La Fiscalía Provincial de Madrid pidió sobreseer el caso al no apreciar indicios de un delito de prevaricación, «sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o política a que haya lugar por las irregularidades cometidas», según señaló en el escrito presentado en 2017 en el marco de las diligencias previas.
Pero la juez decidió decretar la apertura del juicio oral atendiendo la petición de la acusación particular, que pedía para cada uno de los tres investigados cinco años de prisión y veinticuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los delitos de malversación y prevaricación.
Los acusados eran miembros del consejo de administración Madrid Destino y encargaron a dos despachos de abogados, por 50.000 euros, un dictamen jurídico penal sobre los contratos suscritos en el pasado entre la citada empresa pública y la mercantil Madrid Trophy Promotion.
Los servicios jurídicos municipales les habían indicado que no habían apreciado ninguna irregularidad y decidieron pedir informes externos, sin el conocimiento de la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, que posteriormente lo considero «un error».
El pasado lunes el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se refirió al inicio de este juicio en la Audiencia Provincial para responder a la oposición, que le acusa de corrupción en el caso de las mascarillas.
«¿Va a dimitir Rita Maestre, la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena, compañera de mesa de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, porque estos dos señores se van a sentar en el banquillo?», se preguntó.
El pasado mes octubre Sánchez Mato y Celia Mayer se incorporaron al equipo del Ministerio de Igualdad, que también contrató a la portavoz de Podemos, Isa Serra, quien había dejado su escaño de diputada por Unidas Podemos tras ser condenada por el Tribunal Supremo por atentado a la autoridad.
Mayer ejerce de jefa de gabinete de la secretaria de Estado de Igualdad y Sánchez Mato fue contratado como asesor económico del Ministerio que dirige Irene Montero. EFE
A.M.