Jubany fue encontrada muerta el 2 de diciembre de 2001 tras ser arrojada inconsciente, pero aún viva, a un patio de luces desde la azotea de un edificio de Sabadell, desnuda, drogada y con el cuerpo lleno de quemaduras.
El pasado 22 de abril, el juez instructor dejó en libertad con medidas cautelares a X.J. -como la retirada de pasaporte o la prohibición de salir de España- después de que el imputado prestara declaración en los juzgados y tras apreciar el magistrado «indicios suficientes» de que aquel habría «participado activamente» en el crimen de Jubany, que tenía entonces 27 años de edad.
Poco antes de que prescribiera el asesinato, el magistrado imputó a X.J., un compañero de la víctima en la Unión Excursionista de Sabadell, a raíz de que un informe caligráfico de la Policía Nacional lo vinculara con unos anónimos que había recibido la joven pocos días antes de su muerte.
En un auto, el magistrado del juzgado de primera Instancia número 2 de Sabadell acuerda la continuación del procedimiento contra el imputado X.J., y deniega de esta manera la solicitud de sobreseimiento provisional pedida por su defensa en la citación del pasado 22 de abril.
El juez instructor, en su auto, dictamina además la práctica de nuevas diligencias de investigación como pruebas de ADN, pruebas que había solicitado la acusación particular que representa a la familia de la víctima.
El juez ordenada, en este sentido, la entrega de los efectos intervenidos en el lugar de los hechos, que se encuentran en cadena de custodia en los juzgados de Sabadell, a la Brigada Provincial de Policía Científica de Barcelona para su análisis.
En el auto, requiere también al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que informe acerca de la conservación de una muestra recogida poco después del asesinato de Jubany, en la que no se había detectado la presencia ni de semen ni de fluido vaginal.
Además, y vinculado con los anónimos, y para reiterar la pericial lingüística, solicita la entrega de escritos, correos electrónicos, informes o documentos realizados por el investigado, sobre todo, los fechados entre abril y diciembre de 2001, cuando la joven fue asesinada.
A instancias de la defensa de X.J, el magistrado acepta la práctica de un informe pericial caligráfico por parte de dos peritos propuestos por el abogado del investigado.
En el auto, el magistrado sostiene que los hechos que rodean de forma «directa e indirecta» la muerte de Jubany «no habrían sido realizados por una única persona, sino que se trataría de la actuación conjunta de varias personas que, con un mayor o menor grado de intervención, habrían participado en los sucesos que terminaron» con la vida de la joven, las cuales siguieron además un «plan preconcebido».
Según el magistrado, hay «indicios suficientes» que apuntan a que el investigado habría «participado activamente en la comisión del delito de asesinato».
El juez señala en su escrito que el imputado y la víctima habían mantenido una relación de amistad pero que, en un momento dado, y dado el interés de aquel hacia ella más allá de la «mera amistad», se produjo una «ruptura total» por parte de la joven bibliotecaria.
El auto se refiere también a los anónimos que Jubany recibió días antes de su muerte, algunos de ellos vinculados caligráficamente al investigado por parte de la Policía Nacional y en los que el juez percibe también una «conexión formal» y similitudes en cuanto al contenido. EFE