La investigación policial se inició gracias a una denuncia que alertaba de la posible existencia de un grupo criminal formado por ciudadanos sudamericanos dedicados, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y prostitución.
Los agentes constataron la existencia de esa organización, asentada en la provincia de Valencia pero que anteriormente había operado en las provincias de A Coruña y Zaragoza, han informado fuentes policiales.
Los pisos donde el entramado criminal prostituía a sus víctimas contaban con sistemas de videovigilancia que permitían controlar todos sus movimientos.
Los proxenetas obligaban a las mujeres a anotar en cuadernos los servicios que realizaban, incluido el método de pago, que podía ser en metálico, a través de plataformas de pagos o mediante tarjeta de crédito.
Esa relación de servicios y el dinero en metálico recaudado debían introducirlo en sobres con sus nombres y depositarlos en buzones que el entramado había instalado en cada uno de los pisos. De manera periódica, los responsables de la banda recogían los sobres y se quedaban con el 40 % de cada servicio, entregando el resto a las mujeres.
La organización criminal incrementaba sus beneficios con la venta de sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales. Cuando los clientes las solicitaban, las mujeres se ponían en contacto con miembros de la organización que se encargaban de su distribución y venta.
Estas sustancias eran almacenadas en una motocicleta estacionada de manera permanente en el garaje de uno de los pisos controlados por la organización, han indicado fuentes policiales.
La investigación ha culminado con la detención de 10 personas, cinco en la provincia de Valencia, tres en A Coruña y dos en Zaragoza, así como el registro de seis domicilios en la primera de las ciudades donde se han incautado 21.450 euros en metálico, varios teléfonos móviles, videocámaras de vigilancia y numerosa documentación de interés para la investigación. EFE
A.M.