Los Servicios navarro y vasco de Salud, la Diputación de Barcelona, varios hospitales y universidades, como la de La Laguna o la de Santiago de Compostela, diversos Ayuntamientos como el de Bilbao, Albacete, Castellón o Arganda del Rey o el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid figuran entre las víctimas de esta estafa juzgada a principios de abril en la Audiencia Nacional.
Un juicio en el que los dos únicos acusados que se sentaron en el banquillo admitieron el engaño y fueron condenados a penas de 5 y dos años y medio de prisión por delitos de organización criminal, falsedad en documento oficial y estafa, con diversos atenuantes como el de reconocimiento de los hechos o reparación del daño, según el caso.
A 3.016.870 euros asciende la cantidad total defraudada por la organización, que tiene entre sus víctimas a 705 particulares -tanto personas como empresas- y a decenas de administraciones y organismos públicos, según la sentencia, adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso Efe.
En concreto, la organización contactó con 79 administraciones, pero varias de ellas no realizaron las transferencias que les solicitaron sus miembros. Sí que lo hicieron 55, por un importe de 5,6 millones, causando un perjuicio total de unos 2 millones de euros a «los 33 organismos públicos que llegaron a sufrir perjuicio económico».
Algunas administraciones pudieron recuperar el importe total y otras parte del mismo, pero hubo 24 organismos públicos que «perdieron la totalidad de los importes transferidos, sufriendo un perjuicio total de 1.697.436,60 euros».
El engaño también llegó a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a quien intentaron estafar 146.899 euros, que consiguieron ser bloqueados.
MODUS OPERANDI
El origen de la operativa se sitúa al menos en el verano de 2016, según las cuentas bancarias de otros dos miembros enjuiciados anteriormente, «lo que confirma el carácter estable o por tiempo indefinido de la organización», que contaba con tres líderes principales y un claro reparto de tareas, según la sentencia.
En el caso de las administraciones públicas, lo primero era descubrir los contratos que tenían con proveedores y empresas para después hacerse pasar por una de las mercantiles que tenía pendiente algún cobro con la administración.
Simulando ser el proveedor, comunicaban al organismo víctima del engaño que iban a cambiar su número de cuenta habitual, y les garantizaban que recibirían un correo con los documentos acreditativos de dicho cambio, previamente falseados por la organización. De esta forma, las administraciones transfirieron dinero a cuentas de la red.
«A través de esta modalidad se ha intentado múltiples engaños, y se han llegado a materializar otros muchos a numerosas entidades públicas por todo el territorio español», dice la sentencia.
Los engaños a particulares se cometían a través de Internet, mediante la modalidad de phishing bancario (obtención ilícita de datos privados del usuario), engaños en la compra-venta de bienes y servicios y, sobre todo en alquileres temporales o turísticos. EFE