En su escrito a la sección segunda de lo Penal, al que ha tenido acceso Efe, la acusación plantea «serias dudas» de la «apariencia de imparcialidad» de este magistrado al haber ocupado altos cargos en la Administración cuando gobernaba el Partido Popular.
Explica que fue, entre 2002 y 2003, asesor del Ministerio de Justicia en la época de José María Michavila, con Rafael Catalá como secretario de Estado, y ya en 2016, cuando este último ocupó la cartera de ministro, Delgado fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
Una trayectoria que, en opinión de la acusación, genera dudas sobre la apariencia de imparcialidad de este magistrado, que además ha sido designado ponente de la futura sentencia.
Como prueba de ese supuesto vínculo con el PP, esta acusación apunta también al «hecho indiscutible» de que su cese en el Ministerio de Justicia se produjo como «consecuencia directa del cambio de gobierno por una moción de censura» y la llegada de Dolores Delgado a ese ministerio.
«Las apariencias indican que podría mostrar animadversión hacia esta acusación popular y que podría tener prejuicios y toma de posición respecto a una causa que provocó su cese como Director General y con unos acusados, véase el Sr. Camps, que reivindica en sus escritos que la Pieza Separada es una causa general contra el PP, pues objetivamente los mejores destinos han sido en Ministerios gobernados por el Partido Popular», apunta.
Y es que, añade, «el que el acontecer de Gürtel haya sido la causa directa del cese del ilustrísimo magistrado del puesto de trabajo de más alto rango dentro de la Administración de Justicia ostentado por el ponente hasta la fecha, afecta claramente a su apariencia de imparcialidad, pues la sentencia recaída ha tenido efectos directos sobre su carrera profesional y le ha obligado a retornar a su situación de ‘correturnos’ en la Audiencia Provincial».
Considera además esta acusación que su condición de ponente puede ser considerada también «un factor a tener en cuenta a la hora de desarrollar su futura carrera profesional, tal como ha sucedido con los magistrados» que han sido recusados en el caso Gürtel Época I o en el de la caja B del PP por afinidad ideológica con dicho partido como Concepción Espejel, Enrique López o Juan Pablo González.
Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y fraude en esta causa, que llegará a juicio el 17 de enero del año que viene.
Está acusado en relación con la contratación irregular con la trama Gürtel para el montaje del expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009. EFE