El ministerio público ha anunciado este martes una serie de modificaciones en sus conclusiones definitivas en el primer juicio al que se enfrenta Villarejo por el extenso caso Tándem, por el que fue detenido en 2017 y pasó más de tres años en prisión preventiva.
De los más de 109 años de cárcel que solicitaba inicialmente para él por servirse presuntamente de su condición policial para lucrarse con proyectos privados, el fiscal solicita ahora una condena de algo más de 80 al retirar la acusación por el delito de cohecho activo, tráfico de influencias y algunos de descubrimiento y revelación de secretos en grado de tentativa.
Pero Villarejo no ha sido el único a quien Anticorrupción ha rebajado sus peticiones iniciales de condena, cuyo alcance concreto no ha detallado en su exposición de conclusiones definitivas. En una situación similar se encuentran todos los acusados a quienes la Fiscalía situaba en el entorno de Cenyt, empresa tras la que se encuentra el excomisario y donde llegaban esos supuestos proyectos de espionaje.
Es el caso de Rafael Redondo, presunto socio del expolicía y a quien también ha rebajado notablemente su solicitud, situándose ahora en torno a los setenta años, de acuerdo a los escritos, a los que ha tenido acceso Efe.
Una de las más beneficiadas sería la mujer del excomisario, Gemma Alcalá, a quien Anticorrupción ha retirado también la acusación por varios delitos, incluidos todos los de descubrimiento y revelación de secretos. Como consecuencia, su petición inicial de más de 80 años quedaría en cinco como cooperadora del cohecho pasivo que Fiscalía atribuye a su marido.
Las rebajas en las peticiones se han extendido también a otros acusados como los expolicías Constancio Riaño y Antonio Bonilla, o el hijo de Villarejo, José Manuel Villarejo Gil, que ha pasado de una petición inicial de 14 años a un año de prisión.
Sin olvidar tampoco a los acusados que ya antes del juicio llegaron a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos, como la empresaria Susana García Cereceda, hija del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Madrid; o los hermanos Fernando y Juan Muñoz, este último marido de la periodista Ana Rosa Quintana.
Además de Villarejo, uno de los principales acusados era el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, el comisario Enrique García Castaño, señalado por la Fiscalía por haber facilitado supuestamente datos confidenciales al primero, si bien el tribunal le dejó fuera del juicio al sufrir un ictus el pasado mes de mayo.
Otro de los cambios importantes anunciados durante esta jornada ha sido la retirada de la acusación a dos acusados, el funcionario de Hacienda jubilado Antonio Chaparro y el policía Javier Fernández, al no haber quedado acreditado que se concertasen con otros encausados para comercializar con datos confidenciales de terceros.
Una de las sorpresas de la jornada ha sido la retirada de toda acusación por parte de una de las víctimas de este último proyecto, el exjuez Francisco Javier Urquía, a quien supuestamente algunos acusados intentaron extorsionar con un vídeo suyo.
Con el anuncio de las conclusiones definitivas del fiscal, cuyo escrito aún deben trasladar al resto de partes, y del resto de acusaciones, incluida Podemos, este juicio, que comenzó el 13 de octubre, entra ya en su recta final y se reanudará el 11 de julio con las conclusiones de las defensas.
Es el primero al que se enfrenta Villarejo dentro de las más de treinta líneas de investigación que tiene abiertas en la Audiencia Nacional y gira en torno a tres proyectos: Iron, un supuesto espionaje de un despacho de abogados a la competencia; Land -en torno a la disputa familiar entre las herederas de la urbanización de lujo La Finca en Madrid-, y Pintor -otro espionaje que habrían encargado unos empresarios, entre ellos Juan Muñoz. EFE