Esta operación supone un golpe policial a las organizaciones criminales del Este, líderes en el tráfico de drogas por vía marítima.
Además se han incautado de un dron, cámaras de seguridad o un detector de radiofrecuencia, entre otros dispositivos con la finalidad de facilitar la acción delictiva.
La investigación dio comienzo a principios de 2021, al confirmarse las informaciones de que uno de los grupos criminales más activos en España se disponía a adquirir un velero para su uso en el narcotráfico.
Gracias a la cooperación internacional con la National Crime Agency de Reino Unido y con las autoridades italianas, así como con la participación del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) y el MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico), se identificó el velero y se coordinó una actuación policial.
Desarrollo de la investigación
La embarcación, de nombre BIBI y presunto pabellón maltés, se desplazó en febrero del presente año a Italia, desde donde se trasladó en marzo hasta España, estableciéndose en las costas levantinas como punto logístico y como base de operaciones a fin de ultimar los preparativos previos a la carga del estupefaciente en África.
Tras salir de España, navegaron hasta un punto de las costas marroquíes donde cargaron la droga con la intención de retornar a nuestro país e introducir el estupefaciente en Europa a través del sur de la península.
Finalmente y gracias al compromiso internacional de todas las unidades intervinientes, interceptaron la embarcación en aguas internacionales del océano Atlántico.
Los funcionarios arrestaron a los tres tripulantes, entre los que se encontraba el patrón de la embarcación, capitán con años de experiencia y con elevados conocimientos marítimos, quien ya había sido detenido previamente en similares circunstancias a bordo de otro narco-velero.
El registro del barco se saldó con la aprehensión de unos 6.000 kilos de hachís, así como un dron que utilizaban para detectar seguimientos por parte de las autoridades policiales, cámaras de seguridad, o un detector de radiofrecuencia con capacidad para localizar dispositivos de geolocalización.
M.M.