A mediados de 2021, en la carretera Ma-1 km 4,500 durante un control de alcoholemia, el conductor de una motocicleta ignoró la señal de alto de un guardia civil de tráfico, y el agente se tuvo que apartar bruscamente para evitar el atropello.
La motocicleta continúo la marcha a gran velocidad, cometiendo una sucesión de infracciones graves durante la huida.
Los guardias civiles anotaron la matrícula de la moto y cursaron varias denuncias a la Jefatura Provincial Tráfico por las infracciones observadas.
Guardias civiles del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), examinaron el expediente abierto por la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, ya que habían presentado unas alegaciones contra la sanción impuesta al conductor de la moto.
En las alegaciones, una persona de nacionalidad armenia asumía toda la responsabilidad de las infracciones, eximiendo de este modo al titular de la motocicleta.
Realizadas indagaciones, los agentes del GIAT pudieron comprobar que esta persona no disponía de permiso de conducción que le habilitara para la conducción de motocicletas y al mismo tiempo tenía una pérdida de vigencia del permiso de conducción.
Además el ciudadano armenio no había estado en Mallorca en la fecha en que se cometió la infracción.
Por lo que instruyeron diligencias por falsedad documental, fue investigado el titular de la motocicleta y un amigo suyo que supuestamente le ayudó a confeccionar el recurso administrativo.
Los guardias civiles continuaron con las investigaciones, y a través de la Jefatura de Tráfico se pudo obtener un listado que llamó poderosamente la atención a los agentes del GIAT.
El ciudadano armenio aparecía como autor de numerosas infracciones graves cometidas la gran mayoría en territorio peninsular, dándose la circunstancia que todas ellas conllevaban la pérdida de puntos del permiso.
En todas, los titulares de las motos eran otra persona que al notificársele la sanción, identificaba al ciudadano armenio como conductor en el momento de la infracción, para de ese modo quedar eximido de responsabilidad y evitar la detracción de puntos de su permiso de conducción.
Tras diversas gestiones averiguaron que esta persona se publicitaba en Internet a través de páginas web de anuncios, en las que ofertaba la venta de puntos del permiso de conducción de 75 a 200 euros por punto, además del importe de la sanción por la infracción.
La comunicación entre el comprador y el vendedor se realizaba a través de distintas redes sociales.
Hasta el momento se han imputado a 91 personas a lo largo del territorio nacional por su supuesta implicación en un delito de falsedad documental, con actuaciones en las comunidades de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Illes Balears, Comunidad Canaria, Castilla y León, Murcia, Galicia, Cantabria, Navarra, País Vasco, Extremadura ,Cataluña, La Rioja y Andalucía.
Finalmente, también se investigó al ciudadano armenio, el cual reside en un municipio de la Comunidad Valenciana, como presunto autor de un delito continuado de falsedad documental.
A dicha persona le figuraban en los archivos de la DGT un saldo en negativo de -321 puntos del permiso de conducción.
No se descartan nuevas investigaciones al estar la operación en fase de explotación, ya que se podrían detectar nuevos expedientes fraudulentos.
M.M.