Los españoles van a tener que rascarse el bolsillo otra vez por culpa de la Televisión Digital Terrestre. Si ya la llegada de la TDT les obligó a gastarse dinero en resintonización de antenas y en compra de descodificadores, los que no tenían ya un televisor con la señal incorporada, ahora tampoco les saldrá gratis la nueva remodelación a la que obliga el Gobierno.
Como ya ocurriera hace tres años, esa modificación conllevará que todos aquellos que quieran ver toda la oferta de la TDT, cada vez menor por aquello del cierre de nueve canales a partir del 6 de mayo (podría ser incluso más reducida si prospera otro recurso que tiene ya la Justicia para el cierre de otros ocho), tendrán que pagar unos 200 euros.
Esa es más o menos la cantidad que estipula UTECA, la patronal de las cadenas privadas, para cada vecino que no tenga una vivienda unifamiliar por la operación de tener que tocar una vez más las antenas colectivas de los edificios, para resintonizar las mismas. Y todo porque antes de enero de 2015, la industria televisiva tendrá que abandonar las bandas de frecuencia de 800 MHz para cederlas a los operadores de telefonía móvil.
Claro que esas cuentas difieren considerablemente de las que prevé el Gobierno, ya que, según la Administración, el coste por vecino no será superior a los 20-23 euros. Para éste, serán algo más de ocho millones de hogares los que tendrán que hacer frente a este imprevisto, a esa nueva «derrama», lo que hará que, según datos gubernamentales, el coste total de esta «nueva» TDT costará al final unos 200 millons de euros.
Por el contrario, según UTECA la medida afectará a dos tercios de los 17 millones de hogares, ya que considera que sólo un tercio de los hogares están antenizados en las frecuencias a las que se tienen que mudar los canales, por lo que el resto de los hogares tendrían que llamar al antenista.
Coste de la mudanza
Lo que está claro es que el plan de reordenación de las frecuencias del dividendo digital, que presentará el Gobierno antes de verano, poco tiene que ver con el proyecto planteado en su momento por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo en cuanto a las cifras se refiere.
Y es que si el anterior Gobierno cifró en 800 millones el coste de la mudanza de espectro, una factura que iba a sufragar íntegramente el Estado con los 1.900 millones obtenidos con la subasta de ese espectro, el actual, por aquello de la socorrida crisis económica que nos afecta, ha considerado que el que tiene que pagar todo esto es el ciudadano.
Los que tampoco se salvarán de rascarse el bolsillo son los operadores de televisión, que tendrán que pagar el simulcast, es decir, la emisión duplicada y simultánea de su canal en la señal que abandonan y en la que aterrizan hasta que culmine el proceso a finales de año.
Claro que Atresmedia y Mediaset deberían estar contentas con ello porque el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, les «tranquilizó» asegurando que «hablamos de pocos millones de euros, comparado con el plan anterior, que era de unas decenas de millones». Las privadas han fijado en unos cinco millones de euros por canal el gasto adicional por esta migración.
Calvo-Sotelo también tranquilizó a los espectadores, precisando que la mudanza de frecuencias empezará después del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, que comenzará en junio, lo que les garantiza que podrán verlo sin ningún problema.