Una vez concluida su quinta edición, se puede decir que MasterChef no sólo es un programa rentable para la cadena que lo emite (pese a ser su final menos vista le dio el liderato del día a La 1, con más de un 28% de cuota de pantalla), sino también para la productora que lo gestiona, Shine Iberia.
Ésta no sólo cobra generosamente de la cadena pública sino que también recauda dinero gracias a sus concursantes, por mucho que les tenga que pagar por los tres meses en los que les tiene encerrados en una casa.
Durante todo ese tiempo, en el que los 16 concursantes están prácticamente aislados del mundo exterior, como demuestra el que sólo pueden hacer dos llamadas telefónicas de cinco minutos, o una de diez a la semana, y siempre bajo la tutela de algún miembro de producción, por aquello de que la confidencialidad es clave en un formato que emite meses después de haber sido grabado, cada uno de ellos recibe poco más de 1.000 euros netos al mes.
A partir de esos tres meses, la productora no tiene obligación alguna de pagar ni un sólo euros a cada uno de ellos, aunque éstos saben que el haber llegado hasta allí les puede reportar múltiples beneficios, de otras muchas maneras.
Por el contrario, la productora de MasterChef sí puede sacar partida de todos los concursantes una vez acaben las grabaciones ya que durante los dos años siguientes a su participación en el espacio son dueños de sus derechos de imagen, embolsándose un 30% de lo que perciban por los mismos. Ese plazo incluso podría renovarse, automáticamente, si a los dos años alguno de ellos no comunica que quiere poner punto final al contrato.
Por supuesto, ese contrato, que además permite a la organización supervisar sus redes sociales, incluye además una cláusula de confidencialidad que supone que si revelan algo tendrían que hacer frente a una sanción desorbitada, una cifra que alcanza los cinco ceros, por lo que, por mucho que, al romperse la confidencialidad, las audiencias pudieran resentirse, no lo haría así la cuenta bancaria de la productora.
M. A.