El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada secreta en la que investiga por delitos de corrupción y falsedad documental a Oleguer Pujol Ferrusola y sus hermanos Jordi, Josep y Pere, hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Las nuevas pesquisas, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, tienen como origen el sumario en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga el patrimonio y las actividades económicas de Oleguer Pujol.
En esta nueva investigación, adelantada por el diario El Español, el juez rastrea varios pagos de más de 100.000 euros que habrían recibido los cuatro hermanos de parte del empresario José Manuel Sola y que se habrían camuflado con facturas falsas por trabajos de asesoría no prestados.
Oleguer Pujol está imputado en el procedimiento principal por fraude fiscal y blanqueo de capitales junto a su exsocio en la firma Drago Capital Luis Iglesias. El juez les citó a declarar los pasados días 14 y 15 de julio aunque pospuso sin fecha las comparecencias a la espera de recibir varios informes de la UDEF y la Agencia Tributaria.
Sus tres hermanos, sin embargo, no se encuentran imputados por el momento en este procedimiento, según señalaron las citadas fuentes jurídicas, que añadieron que las nuevas pesquisas constituyen una ampliación de la primera investigación, que se abrió en octubre de 2014 a partir de una querella interpuesta por Guanyem Barcelona y Podemos.
Entre las operaciones que investiga el juez Pedraz se encuentra la operación firmada en noviembre de 2007 por la que la empresa Samos Servicios y Gestiones adquirió 1.100 sucursales del Banco Santander por un total de 2.177,38 millones de euros. También existen sospechas por la compra de un hotel en Canarias por valor de ocho millones de euros que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
En marzo pasado el juez rechazó proceder al embargo de la parte de la venta del edificio del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid que le correspondería como socio de la compañía Drago Real Estate Partners, propietaria de la mitad del capital de la empresa que se hizo con el inmueble.
Los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda consideran que las operaciones financieras investigadas podrían contener «elementos de defraudación tributaria» con «relevancia criminal», tras los registros en el piso y despacho de Oleguer Pujol del 23 de octubre de 2014, y después de que la Agencia Tributaria haya puesto de manifiesto en al menos tres informes, «de una manera más o menos extensa», que en la actuación de Pujol e Iglesias existen «elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal».
En relación con el resto de miembros del clan Pujol, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironès, por haber cobrado presuntamente comisiones ilegales a empresarios a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos por parte de administraciones públicas catalanas.