La Guardia Civil, en el marco de control sobre el comercio de pescado, ha intervenido en los puertos pesqueros de Santa Pola, Alicante y Altea 472 kilos de pescado ilegal que estaba siendo transportado sin cumplir los requisitos legales requeridos según la normativa en vigor.
Han sido propuestos como presuntos autores de infracción cuatro personas físicas y una jurídica, así como el patrón y un armador de un buque pesquero que fue sorprendido vendiendo la mercancía a los transportistas inspeccionados en Altea, según ha informado en un comunicado el instituto armado.
La pasada semana, la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de la Comandancia de Alicante realizó, como es habitual, varias inspecciones en distintos puertos pesqueros de la provincia, en el marco del control periódico y específico que se lleva a cabo sobre el comercio de productos pesqueros.
El objetivo de estas inspecciones es garantizar a los consumidores la calidad de la mercancía, así como las de proteger tanto el medio natural como la supervivencia de las distintas especies.
En una actuación en Santa Pola, los agentes localizaron 220 kilogramos de marisco congelado que carecía tanto de la trazabilidad (necesaria para conocer su lícito origen), como de la indicación de la fecha final de consumo óptimo, lo que puede significar un riesgo serio, al desconocer si la fecha límite ha sido superada.
En otras dos inspecciones, una en el puerto de Alicante, y otra en el de Altea, los agentes localizaron sendos vehículos que transportaban ejemplares inmaduros de merluza, que habían sido capturados y vendidos sin haber pasado por la lonja.
La mercancía estaba siendo transportada oculta entre otros ejemplares que sí cumplían con los requisitos legales de talla y trazabilidad.
Para la especie Merluccius merluccius, la talla mínima reglamentaria es de 20 centímetros y los ejemplares de pescadilla intervenidos por la Guardia Civil en estas inspecciones (52 kilogramos en la inspección de Alicante y 200 kilogramos en la de Altea) registraron una talla media de 16 centímetros.
La pesca de ejemplares inmaduros merma la capacidad de supervivencia de la especie, al ser capturada antes de alcanzar la edad reproductiva, recuerdan las fuentes.
La carencia de etiquetado, observada en todos los casos, repercute en la imposibilidad de comprobar que los productos alimenticios hayan pasado los controles sanitarios y, por ende, la información de tales extremos a los consumidores.
Como resultado de las tres actuaciones el Seprona ha intervenido casi media tonelada de productos pesqueros.
La merluza, tras pasar los controles oportunos ha sido donada a asociaciones benéficas para su consumo, y en el caso del marisco, al no poder comprobar su fecha de caducidad, se ha procedido a su destrucción.
Las infracciones observadas en las tres inspecciones están clasificadas como graves, por lo que conllevan posibles sanciones a cada uno de los implicados de entre 601 a 30.000 euros.
Estrella Digital