La víctima fue engañada por su propia hermana para venir a España a trabajar como camarera y tras llegar a Madrid fue encerrada, golpeada y amenazada para ejercer la prostitución.
Por una llamada recibida al Servicio de Víctimas de Trata de Seres Humanos (900 10 50 90) la policía pudo liberar a la víctima de su situación.
Con la información obtenida la Policía Nacional detuvo a la pareja y recuperó la tarjeta de identidad de la víctima.
La pareja, presuntamente, obligaba a la mujer liberada a entregar 500 euros diarios sin poder abandonar la prostitución hasta conseguirlos.
Los precios de los servicios sexuales –que no podían durar más de 10 minutos– eran entre 20 y 30 euros, por lo que tenía que hacer muchos para poder reunir los 500 euros diarios.
Cada vez que terminaba debía llamar a los detenidos, quienes la controlaban constantemente y le impedían hablar con cualquier persona que no fueran sus clientes.
Le instruyeron también para que dijera a la policía, que estaba allí por voluntad propia para mantener a su hija.
En la operación han colaborado las autoridades rumanas y la Agregaduría de Rumanía en España.
900 10 50 90 colaboración ciudadana contra la trata, más de 5.000 contactos en un año
Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90, disponible las 24 horas del día y que no deja rastro en la factura de teléfono.
A este número se pueden dirigir las víctimas de trata de seres humanos o cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un posible caso de esta actividad delictiva.
Gracias a este número de teléfono, se han realizado 5.243 contactos entre el 1 de julio del año 2021 y el 30 de junio de este año.
Para facilitar la colaboración ciudadana, se puede contactar con la Policía Nacional para informar sobre este tipo de delitos de forma anónima y confidencial a través del correo [email protected]
1.613 investigaciones abiertas, 11.110 víctimas y 1.440 detenidos
Entre el 1 de julio del año 2021 y el 30 de junio de este año, se han abierto un total de 1.613 investigaciones por los delitos de trata de seres humanos y explotación –sexual o laboral-.
Se han detectado 11.110 víctimas y arrestado a 1.440 presuntos autores de estos delitos.
¿Cabe la posibilidad de, si son culpables, encerrarlos en una celda y tirar la llave al río? Tenemos derecho, como sociedad, a defendernos de alimañas como estas.